Caso Nahuel: el fiscal pidió detener a los prefectos imputados, pero los jueces lo rechazaron
Los representantes legales de la Secretaría de Derechos Humanos buscarán probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo por parte de los prefectos una "legítima defensa"
En tanto, los cinco imputados -Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García- participaban en forma virtual, conectados a través de la plataforma Zoom.
La audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio por parte del secretario del Tribunal, presidido por el juez Alejandro Silva.
“Debemos tener garantías que están presentes, para evitar futuras nulidades”, explicó.
Marigo reiteró el pedido para que el juicio se traslade a San Carlos de Bariloche, distante 600 kilómetros de General Roca, ciudad fijada para las audiencias por ser la sede del Tribunal Oral Federal.
“Los padres, las querellas y las víctimas se ven obligadas a viajar todas las semanas por esta disposición”, planteó.
Finalizada la primera parte de la audiencia, en la puerta del Tribunal los padres de Rafael Nahuel y sus abogados se dirigieron a las aproximadamente 150 personas presentes -pertenecientes a comunidades mapuche, organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos-, y ratificaron el reclamo: “Queremos verlos cara a cara. Acá estamos nosotros, viajamos desde Bariloche y estos cobardes no están”, señaló a Télam Alejandro Nahuel, padre de Rafael.
Mientras tanto, fuera de la sede tribunalicia, en una plaza céntrica de la ciudad de General Roca, un grupo de integrantes de organizaciones y comunidades mapuche se manifestaba en reclamo de justicia.
Al ingreso al Tribunal, el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, aseguró a Télam que "se está juzgando a un Estado racista que mató a un joven que luchaba por sus derechos y por su identidad".
"Hacer el debate de esta causa a 600 kilómetros de Bariloche, implica una violación al derecho de participar de mucha gente mapuche que quería acompañar a la familia para protestar por este asesinato"Orlando Carriqueo-vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro
"Hacer el debate de esta causa a 600 kilómetros de Bariloche, implica una violación al derecho de participar de mucha gente mapuche que quería acompañar a la familia para protestar por este asesinato", apuntó Carriqueo.
La primera jornada del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel concluyó con la lectura de la acusación de la querella -ejercida por el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Marcelo Przybylski-, que solicitó que el cabo primero Sergio Cavia sea imputado como “autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad”.
En tanto, para Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, la querella reclamó que sean imputados en juicio como “partícipes necesarios del delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad, en concurso real con el delito de coautor de tentativa de homicidio doblemente calificado”.
A este planteo adhirieron las querellas que representan a la familia de Rafael Nahuel y la de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche.
Este miércoles se realizará la segunda audiencia para la cual se programó la lectura de las indagatorias. El abogado defensor de tres de los Albatros acusados, Marcelo Hugo Rocchetti -ex Jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Cristian Ritondo- adelantó que los prefectos Sosa y Pintos harán uso de su derecho a declarar.
El día del asesinato, miembros del grupo de élite Albatros que integraban los acusados, armados con pistolas Beretta 9 milímetros y subfusiles MP5, se topó territorio adentro con integrantes de la comunidad.
Nahuel recibió por la espalda un disparo con un proyectil 9 milímetros realizado con un subfusil MP5 y el proyectil ingresó por su glúteo izquierdo y lesionó órganos a su paso por el interior del cuerpo del joven mapuche.
"Se está juzgando a un Estado racista que mató a un joven que luchaba por sus derechos y por su identidad"Orlando Carriqueo-vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro
El magistrado había dado la orden de desalojo a partir de una denuncia por "usurpación" realizada el 17 de noviembre por parte del Parque Nacional Nahuel Huapi.
La causa FGR 027423/2017 caratulada "Pintos, Francisco Javier y otros sobre homicidio simple, usurpación y atentado agravado a mano armada", de la cual es querellante Alejandro Nahuel, padre de Rafael, tiene como procesados al cabo primero Cavia por el delito de "homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa" y a los otros cuatro integrantes del grupo Albatros como "partícipes necesarios" del hecho.
Los representantes legales de la Secretaría de Derechos Humanos buscarán probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo por parte de los prefectos una "legítima defensa", sino una actuación que desbordó "todos los límites de los cánones legales de acción ante una situación como la sucedida".
"La acusación no nos satisface. No estamos de acuerdo con esa figura. Para nosotros es homicidio calificado. La estrategia apunta a demostrar la coautoría de los cinco implicados", indicó el director de Violencia Institucional de ese organismo, Mariano Przybylski.