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ESTÁN IMPUTADOS RAÚL MAC BURNEY Y JORGE GELI, DE LA GESTIÓN DAS NEVES
Piden 4 años de prisión para funcionarios del IAC por millonaria venta ilegal de tierras
El Ministerio Público Fiscal presentó en los últimos días la acusación en torno a la causa que investiga la presunta venta ilegal de tierras en Cholila, en la que se encuentran involucrados dos funcionarios del IAC (Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural) durante la gestión dasnevista, además de varios profesionales de nuestra ciudad y la zona.
La Fiscalía solicita una pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo mas la inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, para los funcionarios del IAC Raúl Mac Burney y Jorge Geli, que ocupaban los cargos de presidente y secretario de este organismo durante la gestión del ex gobernador Marío Das Neves.
En cuanto al agrimensor Roberto Vila y la escribana Ana Simeoni, la Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión en suspenso. Además pide dos años y medio de prisión en suspenso para los imputados Ratero y Porcú.
A parir de esta presentación, se notifica a las partes y comienza la etapa de presentación de pruebas, por lo que se estima que en dos meses podría estar empezando el debate en juicio.
El delito que se investiga para el caso de los funcionarios públicos sería defraudación al estado, en cuanto a los profesionales Vila y Simeoni sería falsedad ideológica por la falsificación de un documento público.
Se trata de cientos de hectáreas de la zona cordillerana del Chubut, que se habrían pagado por una suma irrisoria y vendido rápidamente a millones de dólares a un ciudadano norteamericano, en una operación inmobiliaria supuestamente ilegal cuya trama alcanzaría hasta el momento a varios profesionales de la zona, además de dos funcionarios del IAC, organismo que tiene la responsabilidad de canalizar los trámites para regularizar las tierras fiscales en Chubut.
Hace más de un año, desde El Diario dábamos cuenta que mil trescientas hectáreas de la zona cordillerana del Chubut se habrían pagado por una suma cercana a 98.000 pesos (75 pesos por unidad) y vendidas rápidamente en 2,5 millones de dólares a un ciudadano norteamericano, en una operación inmobiliaria supuestamente ilegal cuya trama alcanzaba a los funcionarios ahora imputados del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, organismo que tiene la responsabilidad de canalizar los trámites para regularizar las tierras fiscales en el Chubut.
La investigación en marcha fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal de Esquel a mediados del año pasado, cuyos integrantes habrían inspeccionado el paradisíaco y aislado paraje que se encuentra a 60 kilómetros de Cholila en el mes de abril de 2011 junto a efectivos de Gendarmería Nacional, tras una denuncia del apoderado de un poblador de la zona al que le habrían despojado 288 hectáreas para formar parte de ese conjunto vendido.
Las tierras arrebatadas con la complicidad de un agrimensor fueron ocupadas hace más de cien años por la familia del denunciante, quien, sin embargo, aún aguarda desde 1944 la finalización de los trámites en ese mismo organismo para alcanzar la posesión de los predios.
La difusión pública del tema motivó una aclaración del organismo judicial fiscal que se limitó a reconocer la existencia de una investigación sin añadir mayores detalles hasta la terminación de la etapa preliminar, tal como lo determina el Código Procesal Penal.
Tierras únicas
Declaraciones periodísticas de Ricardo Raúl Mera, apoderado de Aldo Rubén Gerez, permitieron, sin embargo, conocer precisiones acerca de esta irregular transferencia de tierras ubicada a 60 kilómetros de Cholila, apetecidas por inversores multimillonarios de todo el mundo y destacadas publicitariamente por la presencia de bosques nativos de cipreses, coihues, maitenes, cañas colihues, además de animales como jabalíes, huemules, ciervos y pumas.
Mera describió la trama descubierta hasta el momento y confió en una pronta terminación del trabajo judicial para comprobar la ilegalidad de los trámites para una operación millonaria rapidísima mientras el expediente del ocupante local, iniciado en 1944, sigue sin concretar aún ni siquiera la orden de mensura, “que estaba firmada desde el 2006 pero nunca fue notificada al profesional para que lo haga”, según denunció.
La maniobra se detectó hacia el mes de diciembre de 2010 apuntando a perjudicar a Aldo Rubén Gerez, conocido como ‘Chulo’ en la zona, viejo poblador ganadero de Cholila de toda la vida. A lomo de caballo, Gerez transitó siempre el camino de 60 kilómetros entre esa localidad y el campo durante casi 10 horas y concretar allí trabajos de alambrado, corrales y puestos.
Sacrificio de ocupantes
Mera mencionó el sacrificio realizado por su representado desde que llegó al apartado lugar a los 14 años. “Hoy tiene 62 y su abuelo ocupó esos campos hacia 1900. Después siguió su papá hasta 1964 y continuó él con la ocupación de esas tierras, con la documentación correspondiente ante el IAC, con todos los requisitos que le han pedido durante toda la vida”, añadió.
Maniobra delictiva
Al comprobarse la posibilidad de un arrebato ilegal “presenté una denuncia ante la Fiscalía que lleva ocho meses de investigación”, continuó, añadiendo que “la maniobra comienza con la mensura de un campo vecino. Tal circunstancia es aprovechada por el agrimensor para sumar 288 hectáreas ajenas al trabajo que tenía que hacer, por estar ocupadas por Aldo Rubén Gerez”.
“Según la orden de mensura tenían que hacerlo con 500 hectáreas. Había esa cifra pero parece que tenían organizado el trámite, cruzaron el río y mensuraron 288 hectáreas más. Las sumaron y presentaron al plano en Catastro y desde allí lo mandaron al IAC, donde lo visan e, inclusive, ya sale la anuencia previa autorizando a ese vecino a que pueda ceder, transferir o venderlas”, ilustró en declaraciones periodísticas.
“La documentación se realiza y se hace la presentación ante el IAC. Sospechosamente le otorga la anuencia previa, trámite indispensable para hacer una cesión de tierras cuando todavía se carece de título de propiedad por ser tierras fiscales.
La anuencia previa para esa cantidad de tierras se hace a un extraño, una persona que nada ha tenido que ver con ellas ni nunca las ocupó. Es más las tierras que le hubieran correspondido se encuentran al otro lado del río Alerce y no hay como confundirse ni perderse cuando se hace la mensura. No podemos hablar de equivocación”, sostuvo Mera.
Organización inmobiliaria
“Hay varias personas que participan de esta maniobra. Después empezamos a ver que había una organización dedicada a la venta de estas tierras utilizando agentes inmobiliarias de la zona y de otros lugares. Inversores que se dedican a comprar tierras con problemas a bajos precios para después venderlas en valores millonarios a extranjeros”.
“Indudablemente el IAC tuvo una responsabilidad tremenda en esa situación”. Al enterarme y radicar la denuncia, la Fiscalía realizó en su momento allanamientos en los primeros días de enero. Luego “el fiscal se hace presente en la zona mediante un helicóptero con Gendarmería el 5 de abril. Nosotros acompañamos con caballos y se recorrió toda la zona. No había rastros de ninguna mensura. Había lugar donde tendrían que haber mojones colocados. Se encontró monte cerrado totalmente. Nunca había pisado nadie allí”, relató.
Inspección judicial
Mera recordó que se reconoció el lugar y se hizo un informe técnico por parte de otro agrimensor. “Indudablemente se determina que nunca habían estado allí, realizando los trabajos de campo que corresponden a una mensura”.
En la continuidad de su explicación de la venta posterior de las tierras y el hallazgo de las escrituras, Mera sostuvo que “primero se hace a una ciudadana con domicilio en Epuyén (actualmente imputada), a la que utilizan de ‘prestanombre’ o lo que popularmente se conoce como “palo blanco”.
“Utilizan una persona que tiene domicilio en la provincia para cumplir la obligatoriedad de vender tierras fiscales solo a personas con residencia en el Chubut”, agregó.
Radio Malon
