Tercer Malón de la Paz
Comunidades indígenas de jujuy y organizaciones defensoras de derechos impulsan la nulidad de la reforma constitucional
El Tercer Malón de la Paz marcha a Buenos Aires en rechazo a la reforma constitucional. Apoyando ese reclamo más de 60 comunidades de la provincia y distintas organizaciones hicieron una presentación ante la Corte Suprema jujeña para que la reforma se anule.
Entre el lunes y el martes, comunidades indígenas integrantes del Tercer Malón de la Paz llegarán a Buenos Aires para exigir la declaración de inconstitucionalidad de la reforma aprobada y sancionada el 20 de junio, entre otros reclamos. La movilización da continuidad a las manifestaciones que las comunidades indígenas vienen llevando adelante, junto a otros actores sociales, en distintos puntos de la provincia de Jujuy desde hace más de 40 días.
En este contexto, más de 60 comunidades junto a organizaciones de sociedad civil presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy contra la Constitución provincial. Solicitaron, además, una medida cautelar con el fin de que se suspenda la aplicación de esa Constitución hasta que se dicte sentencia, teniendo en cuenta los daños potencialmente irreversibles que su aplicación puede ocasionar hasta entonces. Esta medida cautelar ya fue rechazada por la justicia jujeña, con lo cual organizaciones y comunidades interpusieron un recurso por el modo irregular en los que fue aprobada y por los argumentos meramente formales que se indicaron para justificar su denegación. Este accionar suma un nuevo obstáculo en el acceso a la justicia solicitado por las comunidades y las organizaciones
Acción de inconstitucionalidad de la reforma
Días atrás, más de 60 comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y ENDEPA, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy una acción de inconstitucionalidad. También un grupo de expertos ya presentó un Amicus Curiae en la causa, y hay organizaciones y especialistas que se incorporarán a la acción en los próximos días. La acción presentada tiene como objeto la declaración de la nulidad e inconstitucionalidad de la Constitución de la Provincia de Jujuy (sancionada por la Convención Constituyente el 20 de junio de 2023) y de la Ley Nº 6.302 que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial.
Para el caso de que esto no suceda, las partes solicitan que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de determinados artículos que han excedido el mandato constituyente, al fijar prohibiciones a la protesta social y legislar vulnerando principios ambientales vigentes.
A su vez, organizaciones y comunidades solicitaron una medida cautelar para que se suspenda la aplicación de la Constitución de la Provincia de Jujuy reformada hasta tanto se dicte sentencia en la presente acción de inconstitucionalidad. Como respuesta al rechazo de esta medida, por parte de la justicia jujeña, organizaciones y comunidades recurrieron la decisión por el daño que puede ocasionar la aplicación de la constitución cuestionada. Entre otros, se destaca que podrían dictarse leyes en su consecuencia, que produzcan daño y normas inválidas. Además, la resolución fue dictada por un único juez, cuando una resolución de tales características debe ser decidida por el Tribunal en pleno (conformado por nueve jueces), o –en última instancia- con la integración de la Sala Contenciosa Administrativa.
¿Qué está pasando en Jujuy?
El 15 de junio la Asamblea Constituyente de Jujuy aprobó un texto constitucional que viola derechos garantizados en la Constitución nacional, tanto por su proceso como por su contenido. Este proceso, que requería de una discusión amplia, plural y transparente, se llevó adelante en menos de tres semanas entre la elección de los constituyentes y la aprobación del texto. La reforma constitucional de la provincia de Jujuy violó los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana y la consulta previa libre e informada a pueblos indígenas. Tampoco aseguró que las personas defensoras ambientales tuvieran un espacio adecuado para el ejercicio de sus derechos.
Las manifestaciones públicas de comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos de esa provincia, continuaron durante más de 40 días después de la aprobación y tuvieron como respuesta intervenciones represivas por parte de la policía de la provincia en los distintos focos de protesta social. Durante las semanas siguientes se llevaron adelante allanamientos y detenciones arbitrarias, con indicios de hostigamiento y dilaciones no justificadas. La intimidación a comunidades y miembros de la sociedad civil continúan hasta la fecha.
- Acción de Inconstitucionalidad y otros materiales de prensa
- Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES)
- Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)
- Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
- Amnistía Internacional Argentina
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
- Consciente Colectivo
- Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)
- Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
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