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La discutida ley denominada K ingresada al senado no es un proyecto de Kirchner ni del kirchnerismo. Es una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual producto de más de 15 años de trabajo de la sociedad civil argentina y discutida en foros realizados en todo el país.
Es la primera Ley transformadora social de medios en democracia de la cual participaron sujetos de organismos sociales, trabajadores de la comunicación, centrales sindicales como la CTA y la CGT, pymes de la comunicación, pueblos originarios, movimientos cooperativos, organizaciones de derechos humanos y destacados profesionales y docentes de no menos importantes universidades del país en materia de comunicación. Ley que se ha visto enmarañada políticamente por sectores del poder económico que ostentan la concentración de medios y que se oponen al debate formando parte de funcionales sectores que pretenden abolir el proyecto.
Los vaivenes suscitados ponen al desnudo y muestran de cuerpo entero a más de un legislador y operador político que se oponen con desmesura sin advertir sus formas de expresión y la mala praxis política con la que hacen alarde intentando defender sin argumentos técnicos ni jurídicos el almacigo que ven afectado.
Con esa misma inopia con la cual han operado y legislado todos estos años sin evitar ser funcionales al poder económico, han olvidado defender los verdaderos intereses del pueblo que los votó y al cual representan. Es evidente que trabajan para un sistema erróneo que cada vez más condena al pueblo argentino.
Pido a Dios que ilumine a los senadores de bien que van a tratar esta ley que tiene, sin dudas, que modificar y corregir algunos de sus puntos para que periodistas y trabajadores de los actuales medios de comunicación no sufran la transición de sus empresas, garantizándoles continuidad tanto como el acceso de muchos otros a ocupar espacios.
Pido respeto a los actuales representantes del pueblo que son a su vez representantes de reconocidos partidos políticos para que apelen a la memoria de aquellos conductores, que iniciada la democracia quisieron dar este espacio de discusión para cambiar la ley de radiodifusión de la dictadura. Por caso el Dr. Raúl Alfonsín al cual sus propios correligionarios en el congreso le dieron la espalda en la década del ochenta. Valdría recordar también aquel mensaje del desaparecido líder radical cuando en 2008 propició e impulsó el tratamiento de esta ley hoy en discusión, en el momento que la presidente Kirchner en marzo de ese año llamaba a trabajar a los parlamentarios argentinos. Todo se demoró para llegar a estas instancias de confusión social.
Pido especialmente a los senadores rionegrinos que tengan templaza y equidad de criterio para analizar y aprobar esta ley. Que tengan en cuenta que esta provincia como las del interior del país ha sido sometida por la manipulación informativa y el pensamiento único y lo seguirán siendo sino no aprueban esta Ley nacida de la participación ciudadana.
Que puedan evaluar el daño provocado por los monopolios de prensa que generaron desidia y dolor a su gente con informaciones tergiversadas y con mensajes ciudadanos que no hicieron más abolir regiones enteras haciéndolas desaparecer y con ella, la cultura de sus pueblos.
Que analicen por cuánto más será maltratado este pueblo por el centralismo informativo. Tal como ocurriera en El Bolsón con el hanta virus en 1995. La población fue estigmatizada desde TN (cable de la estación televisora Canal 13 – Artear) cuando con su mala información producida de improvisadas corresponsalías la noticia llegó a los confines del país generando en nuestra gente una crisis sin precedentes, profundizando la situación socio económica de este lugar.
O cuando se registraron en la región incendios de bosques emitiendo al mundo imágenes siniestras con datos geográficos erróneos, poniendo en vilo a familiares de esta población y a su propia gente. Nunca tomaron testimonios de pobladores del lugar ni para evaluar sus consecuencias.
Otro dato puntual, el más reciente ocurrido entre CQC y el intendente de este lugar. Producto televisivo que demonizó al mandatario y con él a su población. Cabe aclarar en este caso que grupúsculos y sujetos sociales que viven también aquí contrataron al programa capitalino. Lo vio el país. Muchas personas, amigos y familiares se preocuparon por este maltrato que le propinó a la mayoría del pueblo ese canal centralista. Con todo, El Bolsón a través de sus representantes sociales nunca pudo tener derecho a réplica o al menos permitir verse reflejado a la misma hora y en el mismo espacio, con la otra verdad o punto de vista.
Por eso es que se hace necesaria la aprobación de la nueva Ley. Porque la del proceso militar firmada por Videla es el mal instalado que permitió al poder político actuar con anticonstitucionalidad y otorgar con discrecionalidad licencias de radio y TV a una o dos empresas que concentraron poder económico amordazando la libertad de expresión.
Porque todos estos años sus monopolios privados han sido dictadores de la conciencia ciudadana y generadores del pensamiento único que dejó sin libertad de expresión a los pueblos del interior.
Porque aún con los puntos en conflictos esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es superadora. Es obvio que deberá trabajarse algunos de sus puntos, principalmente visualizando garantizar los resortes necesarios por los muchos trabajadores de la comunicación que tienen esperanzas de libertad en su aprobación.
Porque es mejor que cien medios tengan un patrón cada uno para garantizar trabajar libremente. Porque el periodista es un sujeto que debe estar dentro de la sociedad civil y no debe pertenecer a la sociedad de los medios. Porque los intereses de un solo patrón con cien medios contaminará al sujeto y condicionará su libertad de pensamiento.
Angel Daniel Morales
CI 11.595.680
La ingeniería financiera de Clarín para eludir impuestos
Herrera de Noble es la principal accionista de Clarín, con poco menos del 30% del paquete
20-09-2009 / Mediante una compleja red de sociedades, el multimedios más poderoso del país paga sólo o el 2,8% de su facturación anual en concepto de cargas impositivas.
Por Horacio Vázquez
politica@miradasalsur.com
Si usted aprovecha una laguna legal para no pagar, o pagar menos impuestos, no incurre en una conducta ilegal”, asegura un experimentado consultor de la city porteña. Sin embargo, los especialistas en derecho tributario afirman que la misma naturaleza social del hombre le exige que contribuya a los gastos sociales de acuerdo con el volumen y la capacidad de sus rentas o las de sus empresas. En este sentido, caracterizan la “elusión fiscal” como una conducta “antijurídica” que consiste en “eludir la obligación tributaria mediante el uso de formas jurídicas inadecuadas para los fines económicos” que persigue la sociedad o la persona en cuestión. La reflexión, aunque pueda parecer académica, guarda una estrecha relación con prácticas usuales entre buena parte del empresariado nacional, una caracterización que, en primera instancia, alcanzaría también al Grupo Clarín.
“La técnica consiste en tejer una red de sociedades que permitan migrar las utilidades. De esta forma, mediante la facturación de servicios se pueden conseguir balances negativos para, al final de camino, no pagar un centavo de impuesto a las ganancias”, explica un perito contador con larga trayectoria en la Justicia comercial y que supo desempeñarse como auditor de multinacionales radicadas en el país.
En los hechos, la abrupta decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de romper su relación contractual con la superconocida Torneos y Competencias (TyC) puso en el centro de la escena otras dos compañías que integran el grupo que conduce Ernestina Herrera de Noble. Se trata de las casi desconocidas Tele Red Imagen Satelital (Trisa) y Televisión Satelital Codificada (TSC). Según afirman en el círculo íntimo de Julio Grondona, TSC –la firma en la que eran socios el Grupo Clarín y la AFA– registró durante 2008 un ínfimo porcentaje de las ganancias que dejaba el multimillonario negocio del fútbol: apenas 13 millones de pesos.
¿Qué sentido tiene constituir tres firmas para administrar el negocio de la televisación del fútbol? Se diría que ninguno. Menos aún cuando queda claro que las sociedades que manejaban el negocio sólo compartían la facturación y la administración de los contenidos de las señales. “El grueso de la facturación quedaba en manos de Trisa”, dicen en la AFA en referencia a la empresa que vendía los partidos codificados y cuyos balances tampoco reflejarían los ingresos publicitarios que el grupo obtenía por la exclusividad de las imágenes.
En la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) explican que el Grupo Clarín declaró el año pasado ingresos por unos 300 millones de pesos derivados del fútbol. En la AFA, los dirigentes enfrentados con Grondona calculan que la cifra ascendía al triple. Unos 900 millones de pesos que, ahora, los sabuesos del ente recaudador intentan detectar para cobrar la parte correspondiente al impuesto a las ganancias y sumarlos a los 130 millones que el organismo le reclama al holding por deudas impositivas y previsionales. “Una deuda que sumando punitorios y multas alcanzaría los 250 millones”, estiman en la AFIP.
Según los expertos en derecho tributario, las complejas redes societarias que tejen algunos holdings, tanto en la Argentina como en el exterior, sólo pueden justificarse por la necesidad de sostener, desde lo jurídico, la intrincada ingeniería fiscal que exhiben. Si la facturación entre sociedades de un mismo grupo puede servir para reducir el pago del impuesto a las ganancias, la misma técnica se revela útil a la hora de minimizar las obligaciones por el impuesto al valor agregado. “En este caso, se trata de transferir créditos abultados desde una sociedad hacia otra que tenga un fuerte débito fiscal. La maniobra se concreta a través de la facturación de servicios inexistentes. ¿El resultado...? La reducción del monto a pagar o, directamente, el no pago el impuesto en cuestión”, sintetiza un ex funcionario de la AFIP.
Una historia y muchas dudas. La historia oficial señala que el Grupo Clarín se constituyó como sociedad anónima en 1999, cuando Ernestina Herrera de Noble, Héctor Horacio Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro decidieron formalizar las participaciones que mantenían en diversas sociedades. Hacia fines de ese año, en una movida complementaria, la banca de inversión Goldman Sachs realizó una inversión directa que permitió al grupo ampliar su capital, al tiempo que el nuevo socio se quedaba con el 18 por ciento del paquete accionario. Sin embargo, la movida había comenzado unos años antes, cuando durante el gobierno de Carlos Menem el grupo se alzó con el Canal 13, su captura más importante (ver recuadro).
Hoy, los números del grupo hablan claramente de su poder, pero también arrojan serios interrogantes. Con activos por unos 13.000 millones de pesos, un patrimonio neto del orden de los 8.000 millones y una facturación anual que supera los 5.700 millones, su resultado impositivo se ubicó el año pasado en 406 millones, apenas el 7% de las ventas declaradas. Según los especialistas consultados, también llama la atención que el impuesto correspondiente a esta ingeniería financiera de elusión haya alcanzado sólo los 149 millones, un exiguo 2,8% de la facturación anual. Una manera que tiene el Grupo Clarín para no contribuir al fisco en la Argentina e intentar de esa manera que la redistribución de ingresos sea sólo declamativa. “La realidad es que deberíamos pensar muy mal de la Afip si ante semejantes números el organismo no decidiera, como mínimo, iniciar una investigación de rutina”, asegura el ex funcionario de la AFIP consultado por Miradas al Sur.
No menos llamativa es la relación societaria que el grupo mantiene con compañías extranjeras. Es el caso de Cablevisión S.A. Una firma que el holding controla mediante Vistone S.A., CV B Holding S.A. y Southel Holding S.A., al tiempo que comparte su propiedad con VLG Argentina LLC, firma esta última que –según refieren quienes conocen el entramado– tendría sede en Estados Unidos. Una vez más, se impone la pregunta: ¿qué sentido tiene semejante red de sociedades? “Habría que analizar en detalle las operaciones de esas firmas. Pero se puede afirmar que no son pocas las sociedades que ocultan dividendos mediante la compra de servicios en el exterior”, asegura otro especialista con despacho en la city.
Sin embargo, no sólo el pago de servicios suele ser utilizado con fines elusivos. “También los préstamos tomado en el extranjero pueden ocultar reingresos de fondos propios”, afirma el experto. Incluso los intereses pagados por los préstamos suelen convertirse en una herramienta para reducir la base imponible del impuesto a las ganancias. En este esquema, los dividendos futuros se retiran como devoluciones de capital. Una especie de autopista de doble mano que los fiscalizadores españoles llaman “capitalización delgada”. Una práctica que afecta al fisco, pero que, además, genera fragilidad en las sociedades que la circulan. Las consecuencias son obvias. “Una firma subcapitalizada mediante semejante ingeniería fiscal orientada a la elusión, seguramente, ante la primera crisis no podrá responder por sus deudas. Son las primeras en pedir la convocatoria de acreedores”, explicó otro tributarista.
Medios y finanzas. Si las sociedades anónimas Radio Mitre, Artear, Artes Gráficas Rioplatenses y Arte Gráfico Editorial Argentino constituyen el núcleo de la red que encabeza la sociedad que integran Noble, Magneto, Aranda y Pagliaro, no menos importante –aunque sí mucho menos clara– es la existencia de GC Minor S.A., firma controlada en su totalidad por el Grupo Clarín S.A. La sociedad, cuyo objetivo son las inversiones y los negocios financieros, participa a su vez –aunque con un ínfimo porcentaje– en una constelación de empresas. Algunas son más conocidas que otras y, a las mencionadas Radio Mitre, TyC, Trisa y TSC, se pueden agregar Ferías y Exposiciones Argentinas, Tinta Fresca Ediciones, Oportunidades, Teledifusora Bahiense y Bariloche TV, empresas estas últimas donde el grueso de los paquetes accionarios están en poder de los buques insignias de holding.
¿Puede ser GC Minor S.A. una sociedad armada con el propósito de eludir el pago de impuestos? El interrogante, al menos hasta el momento, no tiene respuesta. Sin embargo, la causa que investiga desde junio del año pasado el juez federal Sergio Torres, y que tiene al ex banquero del JP Morgan Hernán Arbizu como principal testigo (ver aparte), podría ayudar a clarificar la situación.
Demandado por la justicia estadounidense por su antiguo patrón, el ex empleado de la entidad se presentó ante el fuero federal en calidad de “arrepentido” y allí contó una historia que involucra a la viuda de Noble, a Magnetto y varios de sus familiares; además de directivos y ex ejecutivos del holding.
Entre otras cosas, Arbizu admitió ser parte de una asociación ilícita destinada a lavar activos y a evadir impuestos. El hombre, que trabaja en el sector “banca privada” del JP Morgan –eufemismo corporativo que suele designar al área de las entidades dedicada a administrar fortunas personales– detalló que utilizando un convenio firmado durante la dictadura entre nuestro país y Austria ayudó a que cientos de ricos eludieran pagos multimillonarios al fisco nacional. El convenio –denunciado por el Gobierno– determinaba que si un argentino compraba bonos soberanos de Austria cedía al país europeo el derecho de cobrar los impuestos por la inversión. En la práctica, el fisco vienés jamás reclamaba el pago y los argentinos que maniobraban al amparo de la norma eludían el 1,25% correspondiente a Bienes Personas y el 35% en concepto de Impuesto a las Ganancias.
“La maniobra es simple. No tiene nada de compleja. Mediante estos convenios no sólo se evita pagar en el país de origen, sino que, habitualmente, tampoco se paga, o se paga muy poco, en el extranjero. Además, quienes los utilizan tienen un plus, que consiste en poder blanquear los fondos sin grandes gastos”, admiten en la city. Lo cierto es que el testimonio de Arbizu dejó un rosario de nombres, números de cuentas y montos vinculados con la operatoria. Algunos son nombres propios. Otros, el de sociedades anónimas controladas por Grupo Clarín S.A.
La lista, aunque extensa, bien vale un recorrido. Algunos de los nombres y apellidos que figuran en la declaración de Arbizu son el de Ernestina Herrera de Noble (u$s 154.482.039), Héctor Horacio Magnetto (u$s 1.299.574), Grupo Clarín Services LLC (u$s 3.776.877), Grupo Clarín S.A. (u$s 3.596.810), Ernestina Laura Herrera de Noble & Felipe Noble Herrera (u$s 2.331.423) y Aranda José & Noemí Alma (u$s 5.526.415); además de un grupo de empresas que, según el arrepentido, estarían relacionadas con el holding. Una nómina en el que se destacan por la importancia de los montos Silkwood Investments Limited (u$s 32.540.047), Mather Holdings Limited (u$s 27.828.341) y Mulberry Group Inc (u$s 15.891.832).
Arbizu dejó sobre el escritorio de juez Torres una testimonio que en Comodoro Py califican como impactante. “Los involucrados podrían ser investigados para determinar si hubo lavado de dinero o violación de las normas cambiarias. En la primera de las hipótesis por la Unidad de Información Financiera, y en la segunda por el Banco Central. También por la AFIP para determinar el origen de los fondos. Pero nunca podrán ser investigados por evasión”, dice el tributarista consultado para esta nota. Hipótesis judicial al margen, una cuestión es cierta. La sospecha sobrevuela al holding que manejan la viuda de Noble, Magnetto, Aranda y Pagliaro. Una investigación que podría provocar la caída de la ya desgastada máscara democrática del gran diario argentino.
Radio Malon
La campaña se denomina «Entre todos cuidemos nuestro lugar» y en esta edición se cuenta con el aporte en la organización de las áreas de Incendios, Comunicaciones y Emergencias de los Parques Nacionales Los Alerces y Lago Puelo, además del Plan de Manejo del Fuego y el CIEFAP.