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Exigen renuncias de funcionarios municipales
Los vecinos damnificados por el mega incendio del 9 de marzo, que arrasó con más de 300 viviendas en los parajes Cerro Radal y Las Golondrinas, se movilizaron ayer reclamando al municipio de Lago Puelo “la urgente remoción de los cargos de los funcionarios responsables de las áreas de Desarrollo Social y Producción”, al tiempo que pidieron “que además se ponga en funcionamiento el área de Economía Social”.
En una nota encabezada por las juntas promotoras de los barrios Ecoaldea, El Pinar y Parcela 26, señalaron al intendente Augusto Sánchez su “gran preocupación por la situación que venimos atravesando ya hace más de tres meses: no solo fuimos víctimas de un incendio intencional, sino también de que en el proceso de reconstrucción hemos notado la falta de capacidad y la negligencia de parte de varios funcionarios municipales de determinados espacios”, al tiempo que reconocen “el esfuerzo que vienen llevando otros sectores”.
“Luego de varias asambleas –agregan-, creemos que fue un tiempo prudencial para haber conseguido respuestas, pero brillan por su ausencia y falta de empatía con los vecinos. No hemos recibido contestación alguna de todas las demandas de logística para agilizar el proceso de reconstrucción de las viviendas quemadas, así como nada de herramientas ni ningún tipo de materiales. Mucho menos contamos con su presencia en el territorio, como amerita semejante catástrofe. Hoy nos encontramos en la triste obligación moral de exigir el alejamiento de dichos funcionarios, por el bien de este proceso que venimos llevando con gran esfuerzo”. Contraponen enseguida que “esas responsabilidades vacantes pueden ser cumplidas y llevadas adelante por los propios vecinos y damnificados, con capacidad y conocimiento técnico -del territorio y militante-, para hacerlo sin otro interés que el de mejorar el programa y que sea lo más rápido y eficaz posible, con un trato directo del Estado municipal en los barrios más postergados”.
De igual manera, plantean que “queremos aclarar que la lucha de los vecinos por el traspaso de las tierras es por las 70 hectáreas que estamos habitando (incluyendo a los vecinos que deben ser reubicados), y no por las 580 hectáreas que pretende exigir el municipio al gobierno provincial”.
En tal sentido, señalaron que “no queremos ser rehenes de disputas políticas ni intereses mezquinos. Sin ningún tipo de ánimo de confrontar, y con la idea de optimizar los recursos y tiempo, confiamos en que esta propuesta es la más indicada para mejorar el desarrollo territorial y de trabajar en conjunto y codo a codo con cada vecino”. Finalmente, los referentes barriales lanzaron una nueva convocatoria para encontrarse el próximo lunes 14, a las 11, en la puerta del municipio.
Respuesta
Recuperado del Covid, el intendente Augusto Sánchez se reintegró ayer a su despacho y en respuesta a los vecinos castigados por el fuego dijo que “hay que seguir trabajando con mayor esfuerzo, el cambio de funcionarios sólo generaría más demoras, sobre todo en la construcción de los módulos”.
Reconoció que “somos conscientes en el atraso del plan de obras, pero el municipio no tenía una estructura para atender semejante catástrofe”. Asimismo, recordó que “por más que estemos en emergencia, hay procedimientos administrativos y legales que cumplir”.
En referencia al traspaso de tierras provinciales a la órbita de la comuna, remarcó que “el proyecto de ley está en tratamiento de la Legislatura del Chubut” y que “la propuesta que envió el gobernador es el resultado de un trabajo técnico que se realizó entre la Secretaría de Bosques y el municipio durante el 2020” y que “desde nuestra gestión no hay ninguna disputa en este sentido”.
Insistió con que “todos los pedidos de los vecinos que solicitan el traspaso de las tierras, se acompañan desde el municipio, solicitando lo mismo”.
Asimismo, coincidió en que comparte “totalmente que el trabajo conjunto es la mejor forma de lograr los objetivos compartidos, por eso se viene trabajando desde la Coordinación de Juntas Vecinales en la conformación de las juntas promotoras de cada sector, como paso previo y formal para su legalización”.
Precisó que “recién llevamos dos meses de ejecución de los fondos vinculados a la emergencia, asignados por el gobierno nacional”, en cuyo marco, entre otras acciones, “estamos pagando 120 alquileres y abasteciendo de combustible a cerca de 100 familias que todavía no tienen energía en los sectores incendiados, junto a las 50 mil viandas entregadas tanto a los damnificados como a los brigadistas”, según graficó.
Sumó “los 70 módulos de 32 metros cuadrados en proceso de instalación y los kilómetros de redes de agua potable restituidos; con afectación a la emergencia de los trabajadores de los tres niveles del Estado”, entre otras medidas.
Radio Malon
