Acuerdan reglamentación para la ley de violencia intrafamiliar
Jueces, fiscales y defensores de la justicia provincial, funcionarios del Poder Ejecutivo y profesionales de distintos servicios de protección y asistencia se reunieron este lunes en la Casa de Gobierno en un nuevo encuentro tendiente a consensuar la reglamentación de la ley de violencia intrafamiliar.
El ministro de la Familia y Promoción Social, Marcelo Berruhet, responsable del organismo convocante, subrayó “la alta participación” de las Circunscripciones Judiciales de la Provincia y definió al encuentro como “una primera aproximación de donde van surgiendo ideas y posicionamientos” para alcanzar una ley reglamentada “con el aporte de todos”.
“La violencia intrafamiliar es una violación de los derechos humanos y hay que tomarla como tal y desde esa base avanzar en todo lo que se pueda desde el Estado en asistir a quien lo necesite”, reflexionó Berruhet.
La representación del Poder Ejecutivo estuvo encabezada por el ministro de la Familia y Promoción Social, Marcelo Berruhet y el subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, Daniel Real; en tanto que por el Poder Judicial lo hicieron también los doctores Martín Alesi, y María Fernando Palma, de los juzgados de familias de Rawson y Puerto Madryn; el doctor Guillermo Ledesma Lozano de la Defensa Pública Civil Puerto Madryn; las fiscales Susana Vilaseca (Trelew) y Antonia Suárez García (Rawson) y otros funcionarios.
La ley sobre violencia intrafamiliar se sancionó en marzo del año pasado y contempla la articulación de acciones de los Poderes del Estado Provincial, los municipios y la sociedad civil para realizar las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia familiar.
El Ministerio de la Familia y Promoción Social cuenta con un programa específico para abordar esta problemática cuyos principales lineamientos son la atención integral, el funcionamiento de espacios intersectoriales y de una red de trabajo interinstitucional e interdisciplinario y la unificación de los criterios de atención, entre otros.
Con ese objetivo programó una serie de reuniones la última de las cuales se llevó a cabo el pasado miércoles 21 de mayo, en la Casa de Gobierno.
Durante el encuentro de este lunes y se avanzó en el tratamiento de las dificultades en la intervención actual, entre las que se detectan la ausencia de estadísticas precisas en los casos de violencia intrafamiliar y de recursos económicos específicos ante la emergencia y la disparidad y la disparidad interpretativa de la ley en los distintos estamentos judiciales.
El equipo interministerial del Poder Ejecutivo, conformado por representantes de los Ministerios de Educación, Gobierno y Justicia y Familia, acordó previamente una serie de propuestas que incluye el armado de un protocolo de intervención; la conformación de una red de seguimiento; creación de un fondo especial para víctimas; coordinación de un circuito de actuación que posibilite celeridad y operatividad para una rápida atención de las personas.
El ministro Berruhet abogó por “entender que el Estado es un solo” y estimó que esta perspectiva “nos permitirá avanzar mejor frente a problemáticas actuales”, admitiendo que “desde el Poder Ejecutivo hacemos obviamente la autocrítica y en eso estamos trabajando a la par de esta reglamentación de la ley”.
Al respecto dijo que ese trabajo apunta a “fortalecer respuestas ante todas las flaquezas que pueda tener el sistema. Lo mismo tiene que pasar en los otros Poderes”, sostuvo, instando a lograr “un abordaje en conjunto de un tema tan importante y delicado como es la violencia”.
Berruhet dijo que desde el Poder Ejecutivo se ha conformado un equipo interministerial y “se está en proceso de armar un consenso para que pueda salir la mejor reglamentación, que sea aplicable a lo que especialistas llaman ‘derecho vivo’, que pueda pasar del papel a la acción y que sirva a los ciudadanos”, indicó.
Por su parte el fiscal de impugnación de la Procuración General, Alejandro Franco, expresó al concluir el encuentro “la satisfacción por la convocatoria integral del Ministerio de la Familia” y estimó que la ley sancionada es “un instrumento normativo muy apto para empezar a corregir las situaciones de abuso de poder en el interior de las familias”.
Aseveró que se aspira a “dar un tratamiento integral a una compleja problemática” y se refirió a “los distintos niveles de intervención según las
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