FAMILIAS RESISTEN EN UNA CHACRA UBICADA EN EL EJIDO URBANO DE ESA LOCALIDAD
Denuncian a operadores inmobiliarios por desalojos de pobladores en Cholila
Descendientes del Comodoro Juan Perry se encuentran atrincherados en tierras familiares que ocupan desde principios del siglo XX, en defensa de los intentos de ser desalojados de una chacra de aproximadamente 100 hectáreas, ubicadas en el ejido urbano de Cholila. Fuente
El predio fue objeto de una fulminante cadena de transferencias irregulares, actualmente en proceso de investigación por parte del Ministerio Público Fiscal de Esquel.
El lugar se encuentra defendido por los miembros de seis familias descendientes de aquel primer dueño legal, que “ya han repelido el ingreso de gente extraña y no se irán de su campo”, según reveló ayer el abogado Fernando Macayo, quien atribuyó esos intentos a operadores inmobiliarios que comandan millonarios negocios con las tierras cordilleranas del Chubut.
Historia centenaria
Juan Perry fue un alguacil norteamericano que llegó a esa misma zona en 1902 en búsqueda de los bandoleros dirigidos por Butch Cassidy que decidió luego afincarse en ese lugar y, de inmediato, se preocupó por regularizar la ocupación bajo las normas legales argentinas hasta concretar su pago en 1943, en tiempos del territorio nacional.
La historia de aquella decisión visionaria quedó plasmada en el expediente que comenzó a elaborarse por entonces y se ha convertido en un importantísimo testimonio para poder estudiar y conocer los esfuerzos de aquellos pobladores arribados hace más de cien años a la zona cordillerana del Chubut.
En esas mismas tierras se filmaron producciones cinematográficas sobre esa temática y han sido fuentes permanentes de investigadores que han escrito sobre aquellos hechos.
Ante una serie de actos administrativos de la Municipalidad de Cholila, los integrantes de la cuarta generación de descendientes de Juan Perry acudieron al doctor Fernando Macayo por considerarse amenazados de desalojo ante la notificación de una persona extraña de la zona, afirmando haber comprado las tierras.
Investigación
Ante la verificación de los antecedentes existentes, en particular las resoluciones dictadas en la comuna de Cholila, efectuaron una denuncia en el Ministerio Público Fiscal, desencadenándose una investigación en la que ya se han adoptado medidas probatorias.
En ese marco se realizó la llamada audiencia 277, en el contexto del actual código procesal penal, para debatir la constitución de los querellantes en la causa.
La Municipalidad de Cholila dictó una resolución en abril de 2010, en virtud de la cual ordenó escriturar el campo a un tercero (habitante de Esquel), en un procedimiento rapidísimo y que es motivo ahora de investigación para esclarecer las razones y condiciones de su intervención
En declaraciones a la prensa, el abogado Fernando Macayo subrayó que “en catorce días se dictan dos resoluciones y se escritura el campo a aquel habitante de Esquel, el cual, a su vez, en siete días lo vende a una persona de afuera”.
Cadena
La cadena de inusuales transferencias comienza con una resolución municipal de anuencia fechada a mediados de aquel mes. Se trata de un permiso que pide al titular de la tierra para transferirla a un tercero. El trámite demanda un conjunto de formalidades y requisitos que en ese caso se habrían incumplido.
“Lo peor en este caso es que los titulares de los derechos, los integrantes de la familia Perry, no pidieron esa anuencia. La anuencia fue pedida por un tercero, ajeno al expediente”, explicó el doctor Macayo, calificando a la acción como “un asalto a mano armada”
“Las autoridades municipales, sin miramientos, firmaron esa resolución para la transferencia a esa persona que es un abogado local, beneficiario de esa anuencia, y que en siete días vendió el campo”.
Pintoresco
Macayo mencionó como “otro hecho pintoresco” de esta operación que por esta venta “no se pagó un peso”, relatando que el profesional interviniente en la escritura realizada deja constancia que no se abona dinero por haber sido cancelada en 1943, “cuando ni él ni el escribano habían nacido”.
“Este es otro dato agraviante de esta situación”, sostuvo el abogado, quien sostuvo que “una escritura de la municipalidad desprendiéndose de las tierras sin valor alguno, sin monto, da lugar a una transferencia por 70.000 dólares, tal como dice la escritura que tiene la persona que quiere desalojar a la familia Perry”.
Macayo comparó ese valor con el que actualmente se observa en el mercado que asciende a 20.000 dólares por hectárea” y consideró que los operadores inmobiliarios que participan “no serían ajenos” a los de otros casos denunciados como el caso Gerez en el paradisíaco paraje La Horqueta, a 60 kilómetros de Cholila.
Vinculación
“Estamos convencidos de esta vinculación”, añadió, destacando la existencia de importante prueba documental para investigar la probable cadena conformada por las autoridades municipales de Cholila; una inmobiliaria de la zona; un joven abogado que ha puesto su nombre para que la tierra pase a su nombre para su posterior venta inmediata y un escribano que formalizó la documentación de la operación.
“No es casualidad que sea Cholila un ámbito propicio para este tipo de negocios”, consideró el abogado, quien marcó la diferencia existencia entre la cantidad real de hectáreas de la propiedad de la familia Perry y la que figura en las escrituras recientes.
La primera transferencia de las 100 hectáreas originales es por 82 y en la operación inmediata siguiente figuran 75. “Quién se lleva la diferencia?”, preguntó, añadiendo que “se trata de otra cuestión que es necesario investigar”.
DIARIO DE MADRYN
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