Interesante editorial para comprender lo que pasa en Río Negro
Rebeldes. ADN
Los gobernadores patagónicos abandonaron el manso acompañamiento al gobierno nacional y pidieron medidas para frenar los tarifazos. Las acciones fueron individuales y diversas, pero recogen los reclamos de la sociedad que empuja por soluciones frente a un problema grave.
Atrás quedaron las disputas políticas sectoriales por las reacciones tardías de Alberto Weretilneck, quien escogió el camino del diálogo, lejos de otras acciones como los amparos judiciales.
Una vez montado al pedido de políticas especiales para la Patagonia, el gobernador fue incrementado el tenor de sus críticas al macrismo. La más dura, luego de la reunión con el ministro Aranguren. El gobierno nacional ofreció poner un tope en las tarifas del gas del 400%. “La medida es insuficiente y está fuera de toda realidad”, dijo Weretilneck.
El gobernador no solo criticó el tarifazo del gas, sino que aprovechó a quejarse por el incremento de la energía eléctrica. Así la industria es inviable, y la temporada barilochense está en jaque.
En paralelo, se multiplican las acciones legales para frenar los aumentos y retrotraer la media. Intendentes, legisladores y la Defensora del Pueblo acudieron a los tribunales federales, alentados por otras presentaciones (por caso la Mario Das Neves en Chubut) favorables. Igual, la administración central avisó que apelará la catarata de demandas.
Pero más allá de las economías regionales que sufrieron un mazazo con tarifas (de luz y gas) que llegan al 2000% de aumentos, está la realidad de los vecinos de a pie, sin más poder que el de congregarse y generar un llamado de atención a sus representantes. La rebelión fue encabezada por los habitantes de la zona andina. Y provocó que sus intendentes -Bariloche, El Bolsón, Esquel, Lago Puelo, Villa Langostura- se reunieran y definieran presentar amparos.
A muchos hogares llegaron facturas impagables, y aún no están computados los consumos del invierno. Los aumentos fueron dispares en Río Negro, pero se espera (si no hay respuestas) que hayan más incrementos. Y lo peor, es el salto en el precio que dio el gas envasado. Quienes no tienen acceso a la red son los sectores más humildes, postergados y desprotegidos de la población. Una garrafa cuesta 150 pesos en Viedma y no alcanza más que para calentar agua en una olla durante una semana.
Hasta acá, no hubieron expresiones contundentes y específicas sobre este tema acuciante. En algunas ciudades ya hay barrios cuyas casas tienen el medidor de gas tapiado. Son los sectores de mayor afectación por los tarifazos, pero también por la inflación. En el 2001 fue muy frecuente tapar con ladrillos o cemento los medidores para evitar que la empresa sepa el consumo para emitir la factura, o para que no haya cortes en el servicio.
Weretilneck adelantó que si no hay correcciones los servicios públicos que brinda el Estado están en serios problemas, porque el gobierno no podrá pagar las tarifas de las escuelas, comisarías y hospitales. Una vez más, son los ciudadanos más vulnerables quienes son los principales perjudicados.
“El gobierno nacional no tiene sensibilidad social”, reaccionó el mandamás del PJ, Martín Soria. “Gobiernan sin conocer el país ni las diferentes realidades”, criticó. Así, puso en palabras la crítica que se le hace al macrismo sobre la implementación de la ceocracia en Argentina.
El PRO salió a cruzarlo. El vocero fue Juan Carlos Martín, funcionario del ministerio del Interior y uno de los dirigentes del macrismo en Río Negro. “Soria se volvió kirchnerista” dijo, y provocó el enojo del intendente de Roca.
Los dirigentes de Cambiemos intentan sumar dirigentes peronistas a esa alianza que hoy componen con el radicalismo y sectores del ARI. Están más pendientes de la relación con intendentes “compañeros” y allanarán el camino a Buenos Aires. El PRO quiere pescar en río revuelto. Notan una rebelión en las filas del PJ contra la conducción del roquense.
A Soria -los propios- le critican que “no sale de Roca”. Esa referencia es geográfica, pero también electoral. Sin embargo, le reconocen vocación de poder y saben que hoy es el candidato natural del espacio.
De todos modos, habrá disputas. Martín Doñate se está perfilando y buscará después de la elección de 2017 profundizar su perfil de candidato. Se aparta del discurso duro de La Cámpora y busca ampliar el sistema de representación política conteniendo al peronismo y otras fuerzas agrupadas en el Frente para la Victoria. Por ahora, se instala como un férreo adversario del macrismo en el Congreso. Sus denuncias contra Laura Alosnso y Juan José Aranguren lo posicionaron en los medios de comunicación porteños-nacionales.
En ese lugar se sitúa también la senadora Magdalena Odarda, que conduce lo que quedó de la CC-ARI. Algunos se fueron a Cambiemos. ¿Terminará dentro de algún espacio diferente?. No son pocos los que le adjudican una buena relación con Martín Soria. El tiempo lo dirá. Por ahora busca reconocimiento nacional y opera sobre sus temas tradicionales en Río Negro que le han dado rédito político-electoral.
Otra rebelión en la que surgió luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia avalando la detención de menores. Gremios, legisladores y organizaciones sociales salieron a criticar la resolución del conflicto abierto entre el Gobierno y el Ministerio Público.
Desde el STJ intentaron aclarar que el fallo no daba luz verde a cualquier detención, sino que estaba orientado a la protección, es decir, si la Policía encuentra en situación de calle a un menor, puede detenerlo y derivarlo a un ente tutelar. No fue eso lo que se comunicó. Y no hubieron luego del yerro (?) explicaciones del Poder Judicial.
Lo que finalmente quedó en la sociedad fue un acción habilitante a detener menores preventivamente, sin que estuviesen en situación delictiva o ilícita infraganti.
La Secretaría de Seguridad celebró el fallo. Se había opuesto a un dictamen de la Cámara Penal de Viedma que daba la razón a la Defensoría de Menores cuando presentó un habeas corpus por el caso de un menor que fue detenido mientras iba a la escuela.
Eso generó una disputa que terminó en el STJ y con esta determinación, que tuvo solo el voto de la jueza Adriana Zaratiegui en contra.
Para los detractores, “es un retroceso” que recuerda prácticas de una Argentina oscura que “supusimos habíamos dejado en el pasado”, y abre una instancia de “represión”, “discriminación” y “criminalización de la pobreza”.
Entre quienes manifestaron su preocupación están el presidente de la fundación Sur Argentina, Emilio García Méndez, que es perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el fiscal de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Nación, José Nebbia.
“Las fuerzas de seguridad enseguida captan los tiempos políticos” aseguró el Fiscal, quien advirtió que “la Policía actúa en forma binaria”, y alertó sobre las consecuencias inmediatas que puede tener el fallo del STJ en las calles de Río Negro.
Nebbia aseguró que hay cada vez más denuncias en el país sobre violencia institucional, y ello responde a un cambio político. Incluso, dijo que “hoy se quiere criminalizar a las organizaciones sociales”, con un modus operandi que ya fue puesto en práctica en otros momentos dictatoriales y democráticos de la Argentina.
Quienes creen en esa teoría son los integrantes de ATE. Esta semana se intensificó el reclamo en Contraalmirante Cordero. La rebelión llegó con la noticia de 10 nuevos despidos en esa comuna, en medio de un conflicto que lleva más de 50 días sin resolución y cargado de acusaciones cruzadas entre el gremio y el intendente Gustavo Pita.
“El gobierno criminaliza la protesta” repite el jefe de esa organización, Rodolfo Aguiar, quien denunció una fuerte represión esta semana en Cordero. La respuesta del Ejecutivo estuvo a cargo del ministro de Seguridad: “son una banda de delincuentes”, dijo Gastón Pérez Estevan.
El tarifazo, la inflación, el aumento de precios y combustibles deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores, pone en jaque a las economías regionales (lo que trae aparejado despidos) y golpea profundamente en los sectores más vulnerables. Ello, sumado a una “habilitación” a detener menores preventivamente y represión a trabajadores, generan un combo complicado.
La semana que viene, ATE marchará por Viedma y acampará frente a la Casa de Gobierno. Un test para seguir de cerca. Pedirán, entre otras cosas, la reapertura de paritarias en el segundo semestre. UnTER estudia acompañar ese reclamo porque en el acta paritaria firmada con Educación está abierta esa posibilidad en una cláusula que podía ser utilizada solo si la inflación era incontenible.
Weretilneck ya dijo que no hay posibilidades de reabrir el debate salarial, evalúa (con razón) que los aumentos serían inviables. Pero no es menos cierto que su prédica siempre estuvo anclada al plan macrista del segundo semestre. El gobierno nacional machacó la idea de que en la segunda parte del año la economía se recuperaría y la inflación bajaría.
Ya no será posible. Eso admite la Casa Rosada. Ni el pago a los buitres, ni la salida del cepo, ni el enfriamiento de la economía harán posible la revolución de la alegría pregonada, al menos este año. Se viene un blanqueo de capitales y el pago de los juicios pendientes a los jubilados para encontrar dinero que muevan el mercado.
El fallido pronóstico nacional encorsetó al gobierno provincial. Sin embargo, no hay razones financieras para encarar un aumento salarial. Los fondos logrados por la devolución de la coparticipación, la colocación de Letras del Tesoro y los créditos blandos del ANSES, solo garantizan pago de aguinaldo y a proveedores.
Por eso es entendible la rebelión de los gobernadores que por un lado reciben beneficios y por otro perjuicios del gobierno nacional. Es mucho más perjudicial el tarifazo para Río Negro que los beneficios del dinero fresco conseguido recientemente.
Se abre una semana de alta intensidad. Las rebeliones seguirán.
ADN RÍO NEGRO
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