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Los asesinatos de junio pasado en Bariloche y los casos de Viedma y de El Bolsón fueron analizados el jueves pasado.
Reclaman reacciones políticas "ante tanta muerte por represión"
Organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo de Bariloche citarán a legisladores para que intervengan ante los hechos fatales protagonizados por policías y por el aumento de la inseguridad. Pedirán que la provincia adhiera a la Convención contra la Tortura.
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Distintas instituciones del campo social coincidieron en la necesidad de que el Ejecutivo y la Legislatura rionegrinos rompan el silencio y den un respuesta política a los reiterados casos de muertes por represión policial y víctimas de la inseguridad.
"No podemos seguir indiferentes ante tanta muerte" sostuvo el defensor del Pueblo local, Vicente Mazzaglia en alusión al silencio del todo el arco político provincial ante los reiterados casos de represión seguida de muerte registrados durante el año pasado en Bariloche y Viedma, y la reciente muerte de un joven en un calabozo de El Bolsón.
La problemática de la represión policial y la inseguridad fue evaluada por la Pastoral Social, la APDH, familiares de la víctimas, la Defensoría y otras organizaciones durante una reunión realizada el jueves por la noche, en la que se resolvió convocar a los legisladores para reclamarles una intervención activa.
Entre las inquietudes a trabajar con los legisladores las organizaciones apuntaron la necesidad de que la provincia adhiera a la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles" y a toda legislación vigente en el orden nacional que ayude a limitar "los desbordes del Estado".
Mazzaglia advirtió que "llama la atención la indiferencia de todo el sector político, estamos hablando de la muerte de ciudadanos" y consideró que no se pueden obviar las responsabilidades "si tenés tantas muertes en un año ya sea por represión policial o por inseguridad".
Otro punto central que se planteará a la Legislatura será la revisión de la metodología vigente para la designación de jueces. Las instituciones convocantes reclaman un cambio en el sistema que permita la participación ciudadana en el elección de magistrados en todos los niveles de ese poder estatal que "rompa la corporación judicial".
Las organizaciones, que volverán a reunirse el 7 de febrero en al escuela La Llave, también plantearon fuertes críticas por la causa penal que inició el fiscal Eduardo Fernández a raíz de las pintadas aparecidas en Tribunales tras la última marcha en reclamo de justicia por las muertes de junio. Mazzaglia consideró que "criminalizar" la protesta social es "una forma de domesticar a la sociedad" y recordó que Fernández fue el fiscal que desestimó las denuncias radicada por la Defensoría y algunos concejales contra las empresas de transporte luego de lock out patronal que dejó sin servicios a la ciudad. "Eso era política pero pintar una pared es delito" reflexionó irónicamente el defensor.
Radio Malon
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