Cholila: Investigan a funcionarios por irregular venta de tierras

Investigan a funcionarios del IAC y de Cholila por presuntos negocios inmobiliarios de ventas de tierras a extranjeros

HAY VARIOS IMPUTADOS Y REALIZARON ALLANAMIENTOS POR OFRECIMIENTO DE PARADISIACAS TIERRAS FISCALES EN EL RIO TIGRE:

La Justicia lleva adelante una investigación que ya cuenta con varios imputados y el secuestro de importante documentación que podría terminar en un resonante caso de corrupción, de comprobarse la presunta connivencia de funcionarios provinciales y del Municipio de Cholila con agentes inmobiliarios e intermediarios para ofrecer tierras fiscales a inversores extranjeros en una paradisíaca zona de la cordillera chubutense.

La denuncia que investiga el fiscal de Esquel, Martín Zacchino, quien encabeza un equipo de fiscales que intervienen en el tema, fue presentada en diciembre por el encargado de un campo ubicado en la estratégica y muy preciada zona conocida como La Horqueta, donde se unen los ríos Alerce y Tigre, en cercanías de Cholila.

De acuerdo a la información que consta en el expediente, todo nace casi por casualidad, cuando Aldo Gerez, miembro de una antigua familia de la zona y propietario de un campo en esos parajes, se entera de que se había presentado una mensura elaborada por el agrimensor en el área de Catastro de la Provincia, que había sido ya visada y aprobada, en la que se había incluido una determinada cantidad de hectáreas que en realidad eran de su propiedad.

Al enterarse, presenta la denuncia en la que afirma que esas tierras le fueron entregadas en 1944, y cuando la Fiscalía comienza a averiguar, se destapa una olla de la que aún no se conocen todas las consecuencias, ya que al realizarse allanamientos en la sede del IAC en Rawson y en Catastro, se secuestran expedientes y se descubre la punta del iceberg de un presunto negocio inmobiliario de niveles millonarios.

LA MANIOBRA

Cuando los fiscales comienzan a analizar la documentación, descubren lo que entienden en principio que se trataría de una operación en apariencia ilegal, ya que la mensura no se trataría de un inocente error del agrimensor, sino de una maniobra en la que se presume, habría una connivencia de funcionarios del IAC, de Catastro, del Municipio de Cholila y del dueño de un campo.

Concretamente, según figura en las pruebas del expediente judicial, se descubre que había una anuencia del IAC para transferir los derechos de este campo de Gerez a favor de una persona, a través de una cesión de derechos que se firmó en la escribanía de Esquel, y que se hizo a un precio de 98 mil pesos por 1.300 hectáreas, a un valor irrisorio de 74 pesos la hectárea.

Luego la investigación descubre que esta mujer es la esposa del dueño de una inmobiliaria, que no cuenta con oficina en la zona, para lo cual esta mujer con domicilio en Epuyén haría las veces de «presta-nombre» a los verdaderos agentes, que fueron contactados en el extranjero, más precisamente en los Estados Unidos.

También se determina la presunta injerencia de un empleado de la Municipalidad de Cholila, quien aparentemente pretendió asentarse ilegalmente en el campo, por lo que el dueño pidió y fue ordenada su expulsión, ya que se pretendía quedar con una parte del campo e ingresar en la venta.

LA REUNION

Un dato muy particular, y que compromete seriamente en principio a un funcionario del IAC, es el que determina que el 14 de abril pasado, todos los actores de la historia viajaron a Buenos Aires para cerrar los primeros aspectos de la operación, en una reunión que se realizó en instalaciones del Hotel Hyatt, en la que habría participado un inversor extranjero con dos abogados porteños cuyos nombres intenta averiguar la Fiscalía, junto a los intermediarios y el escribano, en la que se intentaba convencer al inversor de que ponga el dinero para la compra; unos 2,5 millones de dólares por 700 hectáreas.

Ante las dudas planteadas por el inversor, en el expediente surge que vía telefónica se habría llamado a una perosna al IAC, quien se habría sumado al intento por convencer al estadounidense de invertir, diciéndole que no había ningún problema con los trámites, y que gastara la plata tranquilo.

IMPUTADOS

Hasta el momento, en los varios meses que lleva la investigación hay imputadas varias personas, y se espera en forma inminente la realización de la audiencia de partes que marca el artículo 274 del Código Procesal Penal. Allí el fiscal presentará el caso, que tiene la calificación provisoria, que es defraudación en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa.

Por el caso ya se realizaron más de 10 allanamientos, tanto a las oficinas de IAC en Rawson, como de Catastro, y se secuestraron expedientes conexos, ya que hay otras denuncias por manejos de tierras fiscales en Lago Mosquito y en la zona de El Blanco, todo en cercanías de Cholila.

EL CHUBUT