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Legisladores ampliaron denuncia sobre tierras
En conferencia de prensa realizada hoy en la sala Isabel Moreiras del Centro Cívico, los legisladores provinciales Luis Bonardo y Luis Bardeggia dieron un detalle en Bariloche de las denuncias que realizaron por presunta irregularidad en la venta de tierras fiscales. Las denuncias involucran a importantes abogados y empresarios locales. Fotos de Alejandra Bartoliche.
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Los legisladores provinciales Luis Bonardo y Luis Bardeggia presentaron en Bariloche un informe sobre las denuncias de presuntas irregularidades en el manejo de las Tierras Fiscales de la Provincia de Río Negro entre el año 2005 y 2009 en El Bolsón y Bariloche.
Tiempo atrás los legisladores realizaron una denuncia penal en la Fiscalía 3 de Viedma, a cargo de Daniela Zagari, ante quien presentaron documentación respaldatoria de la denuncia.
En diálogo con B2000, el legislador Bardeggia informó que en 5 años se adjudicaron 55.201 hectáreas a un precio promedio de 119 pesos la hectárea. Del total, la denuncia recae sobre 32.000 hectáreas de las cuales, 22.000 se adjudicaron en 2009.
Según indicó, las tierras fiscales se revendieron a un tercero al poco tiempo de ser adjudicadas y hubo casos en los que existe una doble adjudicación, ambos puntos prohibidos por la ley.
Dentro de las acciones que realizaron para revertir la situación, los legisladores presentaron un proyecto ante la Legislatura para que se modifique la Ley 279 de Tierras y se cree una Comisión Investigadora que analice 5 casos denunciados que involucran tierras de El Bolsón, aunque todavía no hubo respuestas.
Entre las denuncias enumeró el caso de un hombre de apellido Carrillanca que obtuvo una adjudicación de 14.600 hectáreas y ya tenía una adjudicación previa. También indicó una transferencia del fisco al señor Carro “que a los pocos meses pasa a manos de la señora Ana María Trianes de Martínez Pérez”.También habría habido una transferencia a un señor de apellido Valenzuela -socio de Martínez Pérez, según dijeron- cuya transferencia pasa al poco tiempo a manos de la señora de Martínez Pérez. Y una tercera operación que involucra al mismo abogado y empresario, una adjudicación directa a Martínez Pérez que a los pocos meses “lo compra Van Ditmar con dinero y a cuenta de Hidden Lake (Lago Escondido)”.
Finalmente, el quinto caso es de 7.080 hectáreas entregadas a una sociedad anónima de nombre Estancia Río Foyel constituida en 2006 y pertenece al grupo belga Burco Argentina SA.
“Creo que no hay un criterio razonable que justifique estas adjudicaciones. La Dirección de Tierras ya no cumple la función de autoridad de aplicación. Es la que arma la logística para que pueda armarse la logística de este tipo de adjudicaciones fuera del marco de la ley”, evaluó Bardeggia quien señaló como responsables institucionales al gobernador Miguel Saiz, al ministro de Producción Juan Accatino y al director de Tierras, Jorge Belacin.
“Las escrituras de adjudicación de los campos las firma el gobernador y el ministro en la Escribanía General de Gobierno. Sin duda que tienen una enorme responsabilidad” expresó y agregó que “hace más de dos meses le mandamos una nota al gobernador Saiz sobre la gravedad institucional de lo que ocurre en la división de Tierras, pidiéndole que intervenga en forma inmediata y no tuvimos ninguna respuesta más que el silencio”.
En referencia a la confianza en el accionar de la Justicia en los temas vinculados a tierras fiscales, el legislador se limitó a decir que “confío en que le vamos a dar la información necesaria para que no quede ninguna duda de que hay una irregularidad y se pueda retrotraer esto al dominio público que sería la reparación de la situación”.
El encuentro que se realizó en la sala de prensa Isabel Moreiras de Bustos del Centro Cívico contó con la presencia de organizaciones sociales y ambientales de la ciudad -algunas de las cuales trabajan la temática desde el año 2002- a quienes convocaron para que expongan ante la Legislatura de Río Negro.
Las organizaciones participaron de la convocatoria recordando que el artículo 75 de la Constitución de la Provincia define a la tierra como instrumento de producción “que debe estar en manos de quién la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la concentración de la propiedad”.
Radio Malon
