JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2010 00:00
A raíz de la situación de las viviendas del IPPV que fueron tomadas en junio en El Bolsón, y con una orden de restitución dictada por el juez Ricardo Calcagno, el intendente y concejales de la vecina localidad se entrevistaron con el juez. La concejal Teresa Hube expresó que "no vinimos a presionar al juez", pero insistió en que "queremos que se cumplan las normas".
Afirmó que desean que el intendente "les haga entender que es una situación que hay que acatar y buscar una solución de consenso".Teresa Hube, concejal de El Bolsón, estuvo en Bariloche, entrevistándose con el juez de instrucción Ricardo Calcagno, por la ocupación de viviendas del IPPV.
Al finalizar la reunión en la que también estuvieron presentes el intendente, Oscar Romera, y otros cinco concejales, brindó su opinión y un detalle de lo ocurrido. Afirmó que la mayoría de los concejales coincide en la necesidad de que se restituyan las viviendas.
Lamentó que "la provincia de Río Negro nos tiene totalmente abandonados y eso obedece a la falta de gestión de la municipalidad, no porque no gestione sino porque no tiene una gestión efectiva y eficiente. Destacó que en nueve años se hicieron 60 viviendas para El Bolsón, de la misma gestión y de la misma gestión radical de la provincia". Sostuvo que quizá esto se deba a la personalidad del intendente "que a veces ofende a funcionarios y crea malestar".
Explicó que el problema tiene que ver con 50 viviendas del IPPV pertenecientes a dos planes, de 30 y 20 viviendas, de dos empresas distintas. Comentó que en el 2004 se realizó un acuerdo en paritaria entre el Ministerio de Educación y el gremio, otorgando un cupo de viviendas al gremio. Se le pidió al Concejo que ratifique lo acordado "y eso lo hace el intendente Romera, no lo hace otro".
Señaló que este año las casas no estaban listas y el IPPV no las recibía y entonces afirmó que el intendente "armó un listado de 50 personas sobre 168 carpetas, dejando de lado el cupo que se decía que correspondía al gremio". Si bien el gremio entregó las carpetas a la intendencia, éstas "parece ser que la intendencia nunca las elevó".
Ante lo ocurrido el gremio presentó un amparo por no haber sido considerados entre el grupo de personas que tenía que elevar carpetas al IPPV para que continúen con la normativa. La cámara dicta una orden de no innovar, y por este motivo el IPPV no recibe las casas. El STJ, según dijo la concejal, cuando ya estaban las casas tomadas, "sigue manteniendo la orden de no innovar".
Señaló que se enteraron por el juez que la gente de las tomas hizo una denuncia penal por las condiciones en que están las casas y afirman que son preadjudicatorios, cuando aún no se habría concretado dicho trámite según la concejal. Agregó que la toma se hizo en junio y destacó que se había dado aviso al comisario que iba a haber una toma.
"Hoy nos enteramos que el juzgado penal impuesto también de que iba a haber la posibilidad de una toma, le dio la orden de que se constituya en el lugar y al primero que venga que lo detenga, y si ese comisario hubiera cumplido con su deber y hubiera detenido a la primera persona que iba el resto no iba a tomar las viviendas".
Resaltó que "hoy nos encontramos con una orden de restitución, un procesamiento para esos vecinos y otros vecinos exlcuidos", de Unter. Afirmó que "semajante conflicto social se arma en parte por no cumplirse una orden judicial". A raíz de esto el juez Calcagno, según informó la concejal, inició un incumplimiento de deberes para el comisario.
"Hay políticos que tratan de defender a esta policía de Río Negro que no cumple con su deber" y por este motivo dijo que exigirán al gobernador que haga el sumario que corresponde contra "este mal agente policial, porque queremos apoyar a una policía seria y que haga lo que debe hacer".
Finalmente sostuvo que "son situaciones graves". Afirmó que se trata de un quiebre institucional, y por eso le piden al juez Calcagno que haga cumplir la ley. "Queremos que la ley se cumpla, que esas personas reintegren las casas", y expresó el deseo de que haya una solución política, pero resaltó que la comunidad debe saber que "las normas deben cumplirse". No obstante resaltó el pedido de que el procedimiento se haga sin violencia.
Agregó que "se está tratando que el intendente, el defensor y el concejal les puedan hacer entender que esta es una situación que hay que acatar y que hay que buscar soluciones consensuadas".
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