UN ESTUDIO MUESTRA COMO LA JUSTICIA PENAL TRATA DE MANERA DIFERENTE A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.
El machismo goza de buena salud en los tribunales
La Defensoría General de la Nación analizó causas judiciales y sentencias de todo el país. Y concluyó que hay “una discriminación que asegura la impunidad de estos crímenes”. Hoy se conmemora el día de la no violencia contra la mujer.
La Justicia penal avala y ampara a la violencia machista. Esa es la principal –y terrorífica– conclusión que surge de una investigación que realizó la Defensoría General de la Nación. “El estudio demuestra que la Justicia penal otorga a las mujeres víctimas de violencia de género un tratamiento distinto del que brinda a otras víctimas. Ese trato diferenciado implica una discriminación que asegura la impunidad de estos crímenes y propende a su perpetuación”, reveló la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez, al dar a conocer los hallazgos del relevamiento, que consistió en un análisis cualitativo de resoluciones judiciales adoptadas por jueces y tribunales de distintos puntos del país, en casos de violencia contra las mujeres en el ámbito de sus relaciones interpersonales y de abusos sexuales. El informe se presentó ayer, en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, que se conmemora hoy con una concentración frente al Congreso, y múltiples actividades en las principales ciudades del país (ver aparte).
“La violencia de género no forma parte de la agenda de la inseguridad urbana. Solo entran los casos que suceden en la vía pública y son generados por un extraño. Y deja afuera a los femicidios que ocurren en la esfera privada, cometidos por un conocido de la víctima, mayoritariamente su pareja o ex pareja”, cuestionó Martínez y comparó la resonancia mediática y política que tuvo el ataque que sufrió Carolina Píparo en una salidera bancaria, y la sucesión de al menos ocho casos de mujeres muertas como consecuencia de quemaduras generadas por sus parejas o ex en los primeros meses del año, luego del fallecimiento de Wanda Tadei (la esposa del baterista de Callejeros, recientemente imputado por el crimen), que no tuvieron tanta atención periodística ni una reacción de los poderes públicos.
Los resultados de la investigación sobre “Discriminación de género en las decisiones judiciales: Justicia penal y violencia de género” fueron presentados con un panel de lujo formado por las ministras de la Corte Suprema, Carmen Argibay y Elena Highton, la diputada porteña y filósofa feminista Diana Maffía, la abogada rosarina Susana Chiarotti, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), y la directora general de Cooperación Internacional de la Cancillería, embajadora Julia Levi, con trayectoria en el movimiento de mujeres. Las panelistas destacaron la importancia de la investigación al poner en evidencia los sexismos que imperan en la Justicia. “Ojalá que la lean todos los jueces y juezas y operadores de la Justicia del país y lo estudien en las facultades de Derecho”, dijo Chiarotti. Argibay agregó que es frecuente escuchar en los tribunales como excusa cuando se hacen mal las cosas que “siempre se hizo así”. Y señaló que el curso de capacitación que se está impartiendo en todos los niveles de la Justicia, desde la Oficina de la Mujer, que ella encabeza, para incorporar la perspectiva de género en los tribunales, busca eliminar “el siempre se hizo así”.
La defensora general de la Nación señaló que el estudio encontró que los operadores de la Justicia penal no toman con “seriedad” las investigaciones sobre hechos de violencia de género; producen una “frecuente vulneración” de sus derechos durante la tramitación del proceso; y valoran las pruebas recolectadas “a la luz de prejuicios y estereotipos”, en particular los testimonios de las mujeres que denuncian, a quienes consideran como “mentirosas” o “fabuladoras”. “Si yo denuncio que me robaron el auto, me van a creer directamente; pero si digo que me violaron y no estoy golpeada ni con la ropa rota, no me creen”, ejemplificó Martínez. Con esta investigación, “se espera colaborar a visibilizar y erradicar algunas de las prácticas detectadas que tienen como resultado la impunidad de los hechos denunciados”, destacó.
“Para lograr la igualdad necesitamos que el Estado vea esta discriminación”, indicó Maffía. Y apuntó que, en realidad, el estudio analiza cómo son tratadas “las privilegiadas” que llegan a la Justicia. “Sabemos que sólo el 10 por ciento de las mujeres que sufren violencia llega a denunciar. Es desesperante ver el trato que reciben”, señaló.
Un dato preocupante, que aportó la jueza Highton de Nolasco, es que en el último año, en la ciudad de Buenos Aires, se archivaron o desestimaron el 66 por ciento de las causas penales iniciadas a partir de denuncias presentadas ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Highton, no obstante, señaló el porcentaje como un dato positivo, dado que en el primer año de funcionamiento de la OVD, tenían ese destino el 89 por ciento de las causas penales. De las 14.145 personas denunciadas en los últimos dos años en esa Oficina, el 86 por ciento de las personas indicadas como autoras de los hechos de violencia son varones. En la amplia mayoría de los casos (85 por ciento), el agresor es pareja, ex pareja, concubino, cónyuge o novio de la víctima. El 71 por ciento de las personas afectadas son mujeres, el 13 por ciento niñas y el 11 por ciento niños.
Si la situación en la Justicia penal de la ciudad de Buenos Aires puede resultar alarmante, la titular del Ministerio Público se encargó de aclarar que en el resto del país es peor. “Las sentencias más claramente contrarias a los derechos de las mujeres –que fueron analizadas en el estudio– son del interior del país”, subrayó. “No faltan leyes” para castigar la violencia de género, “lo que falta es conocimiento y compromiso de los operadores judiciales” con la problemática, advirtió Martínez.
El estudio de la Defensoría General de la Nación fue realizado por la Comisión sobre Temáticas de Género del organismo, que lidera la abogada Mariela Asencio. La investigación encontró sobreseimientos o archivos dictados “sin que se haya adoptado ningún tipo de actividad investigativa o tras haber realizado una investigación solo en forma aparente, a pesar de que se podían identificar elementos de prueba útiles para constatar lo ocurrido”. En otros casos, “se dictó archivo o sobreseimiento tras invocar que la víctima no había probado ciertos extremos de su denuncia. De ese modo, la Justicia penal abdicó de investigar los hechos denunciados y trasladó esa carga a la víctima”. Otros casos analizados ponen en evidencia la arbitrariedad de la sentencia en la valoración de la prueba. El estudio encontró que en algunas causas, “el tribunal valoró los elementos de prueba que abonaban la versión del imputado y dejó de lado, sin ningún tipo de justificación, la prueba que respaldaba la versión de la víctima”. “En general –destacó Martínez–, los casos que presentan problemas en la valoración de la prueba evidencian la presencia e estereotipos y prejuicios de género.”
Además, en algunos de los casos estudiados, las víctimas fueron sometidas a ciertos análisis intrusivos sobre cuestiones que no formaban parte del hecho investigado: por ejemplo, a una mujer que había denunciado violación anal, se le realizó una revisión vaginal. Otra de las formas de “revictimización” encontrada consiste en someter a las denunciantes a interrogatorios relacionados con su pasado sexual o su conducta previa al abuso, a pesar de que sus antecedentes sexuales no guardaban relación con el hecho denunciado. “El estudio muestra que la impunidad que muchas veces rodea a estos casos es producto de la discriminación en la Justicia penal”, cerró Martínez.
¡Te voy a quemar viva!
Por Eva Giberti.
La amenaza comienza a reiterarse. Lo advierten las profesionales que atienden los llamados al Centro de Llamadas que responde al número 137 del Programa Las Víctimas contra las Violencias dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Al escuchar la angustiada voz de la joven mujer que reclamaba atención, las operadoras registraron que distintas mujeres habían repetido el llamado con la misma amenaza. La Brigada Móvil contra la Violencia familiar concurrió para asistirlas. No obstante, el riesgo se mantiene latente. En particular si la mujer sostiene su relación con el sujeto esperando que “él cambie”. Porque “quizá lo dijo en un mal momento”. Neutralizar estas amenazas mediante racionalizaciones ingenuas –debido al interés amoroso hacia esa persona– puede desembocar en un ataque concreto. Es probable que el responsable, si es acusado, niegue haberlo dicho o que, en caso de encontrar testigos de esa amenaza, insista en afirmar “¡Estaba jugando! Lo dije en broma”. De manera que prioritariamente contamos con el testimonio de quien fue amenazada.
¿Familiar o doméstica?
¿Se trata de violencia familiar o doméstica? ¿Y si el sujeto no es miembro de la familia de la mujer amenazada? Cualquiera sea su posición en relación con ella, esta amenaza está incluida en los contenidos de las leyes.
Es pertinente revisar las expresiones violencia familiar y violencia doméstica, ya que ambas seleccionan un segmento de víctimas que encubre y silencia el tema clave: la violencia contra las mujeres.
Si se presentara ante el Poder Legislativo un proyecto de ley que se refiriese a este tema llamándolo por su nombre, violencia contra las mujeres, ¿sería fácilmente aprobado? Es un interrogante que merece ser considerado. Pero si se menciona al género –hablando de violencia de género– el reconocimiento de estas violencias no tergiversa su contenido esencial. Hablar de violencia de género supone (estadísticamente) que se trata de violencia contra las mujeres. Aceptado este planteo, ¿cuál es el problema si nos referimos a violencia doméstica y/o familiar?
Las expresiones que focalizan una particular índole de víctimas, porque es necesario distinguirlas para responsabilizarse por ellas y solicitar la sanción a sus agresores, generan un recorte: se instituyen en “mujeres golpeadas”, o en “víctimas de violencia”. Se instalan como “aquellas” a las que les sucedió –o les sucede– algo terrible y a las que es preciso ayudar. Conclusión certera e indiscutible.
Si refinamos el análisis de estas dos expresiones, precisamos alertarnos y no distraernos pensando que violencia familiar o doméstica es otro fenómeno propio de “la violencia” que siempre existió. Cuando en realidad se trata, específicamente, de violencia contra las mujeres.
Quienes sostienen que “violencia hubo siempre” proponen neutralizar esta especificidad al desconocer que los hechos violentos contra las mujeres construyen historia, como lo evidencian las narrativas que, mediante el lenguaje, incorporan herramientas para amenazar, dañar y matar. El incremento de la actual amenaza “Te voy a rociar con nafta y voy a prender fuego” o “te voy a quemar viva” son verbalizaciones que si bien no constituyen inventos propios de la época –ya que el fenómeno existió previamente– la aplicación de esas frases adquirió actualidad merced a las últimas historias conocidas. Enriqueció el imaginario social con la incorporación del fuego como colaborador del ataque contra las mujeres. Enriquecimiento que se postula a sí mismo como más refinado debido a las huellas que puede dejar en la sobreviviente, además del espantoso dolor que las quemaduras generan.
Dentro del campo de las violencias familiares o domésticas (cualquiera de las dos expresiones es semánticamente discutible), haber incorporado esta nueva amenaza, que comprobadamente se reitera, alerta acerca de la premeditación que se pone en juego: ha sido preciso pensar en el líquido que podría utilizarse, tener cerca el fósforo o el encendedor y seleccionar la ocasión. También fantasear con los resultados del hecho: “la dejo marcada para siempre”. O bien “la mato”.
La historia y la narrativa
Esta índole de crueldades forma parte de la historia de los actos violentos protagonizados por el género masculino, mientras que la verbalización de lo que “se va a hacer” o ya se llevó a cabo aparece como un nuevo estilo, propio de las narrativas que caracterizan los ataques a las mujeres. La descripción se instituye como narrativa histórica que enuncia o interpreta lo que se narra. Por ejemplo, la milonga que canta “Si no te rompo de un tortazo es por no pegarte en la calle” representa una ideología masculina muy cuidadosa, ya que advierte que para pegar es mejor que no haya testigos. Se sigue pegando, preferentemente dentro de los domicilios (el domus de los latinos) y en familia, familiar y doméstica.
La inclusión de la amenaza por el fuego se actualizó como extensión de hechos cercanos publicitados por los medios, o sea, dependiente de la época.
La violencia que suscita la amenaza del fuego y su posterior puesta en acto reproduce el tiempo de las mujeres quemadas en las hogueras de la Inquisición, incorpora el terror previo de quien se imagina a sí misma envuelta por las llamas. Tiende a historizar en el pensamiento y las sensaciones de la víctima un suceso anticipado que conduce a la mujer a su propia imagen como una persona inerme. Ella no podrá hacer cosa alguna, paralizada por el espanto y el triunfo de la combustión. Lo cual es diferente de la amenaza del golpe.
Recortar este sector de las víctimas de violencia familiar o doméstica –por razones comprensibles y necesarias– arriesga descuidar la concepción de las violencias contra las mujeres que nos involucra a todas. Aunque “a mí nunca me violentaron”, como sostienen algunas congéneres, absolutamente desprendidas de su propia realidad como integrante de las culturas patriarcales y sexistas que nos regulan la cotidianidad.
Asistimos al surgimiento de una “moda” en las políticas de las amenazas contra las mujeres que se articulan con el estudio de las narrativas derivadas de distintas formas de violencia actualizadas por los medios de comunicación según las posibilidades de la época.
Estos sujetos amenazantes a veces, asesinos en oportunidades, han aprendido cómo ejercer otra forma de poder verbal. Alcanza con escucharlos una vez, habitualmente precedido por golpes, para comprender que un asesino potencial disfruta al escucharse a sí mismo. Quizá decida cerrar el circuito para escuchar los gritos de su víctima. Esta “moda” transparentó una dimensión de la violencia masculina hasta ahora escasamente ejercida. Ahora logró su plenitud.
Aumento de casos denunciados
En el último año aumentaron alrededor de un 40 por ciento el número de consultas en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, según reveló a Página/12 su coordinadora, Analía Monferrer. En casi 9 de cada 10 casos, el denunciado es la pareja (marido, concubino y en menor medida el novio) o ex pareja. Es interesante destacar que los “ex” constituyen un tercio de los agresores denunciados. Cada día, se atienden casi 30 personas, en su casi totalidad mujeres, es decir, más de una por hora a lo largo de cada jornada. Desde el 15 de septiembre de 2008, cuando abrió sus puertas, hasta el 31 de octubre último, se confeccionaron 13.906 casos, de acuerdo con las estadísticas oficiales. La gran mayoría fue derivada al fuero civil, pero también al penal, a asesoramiento jurídico, al sistema de salud y algunos han quedado reservados en la Oficina, en los casos en los que después de ser orientada, la víctima decidió no actuar. El incremento de casos atendidos no muestra necesariamente que haya aumentado la violencia intrafamiliar sino que las mujeres toman la decisión de denunciar en la medida que encuentran un lugar que les resulta confiable y piensan que tendrán alguna respuesta que las proteja, dice Monferrer. La mayor cantidad de casos involucran violencia psicológica (91 por ciento), y luego le siguen en orden, la violencia física (67 por ciento), económica (31 por ciento), y sexual (13 por ciento). En un mismo caso pueden observarse diferentes modalidades de violencia, aclaró Monferrer.
Dónde pedir ayuda
- Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Lavalle 1250, ciudad autónoma de Buenos Aires. Atiende de lunes a lunes, las 24 horas.
- 0-800-66-68537 (mujer) de la Dirección de la Mujer del gobierno porteño.
- Línea 137 de las brigadas de intervención del Programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Atiende sólo en la ciudad de Buenos Aires.
- En provincia de Buenos Aires, teléfono 911. Deriva la llamada a un centro de atención especializado.
- Fundación Propuesta (zona sur del conurbano). 4247-0966; 4241-9065 o 4242-4050.
Fuente:
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-157497-2010-11-25.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/157497-50493-2010-11-25.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/157497-50495-2010-11-25.html
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Claudio Segovia
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Lago Puelo - Chubut - Argentina
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