Familiares del policía asesinado piden juicio político para el juez de la causa
Realizarán hoy una marcha y afirmaron que se presentarán como querellantes. Mientras, los investigadores analizan pruebas colectadas en un allanamiento.
Junín de los Andes > El pedido de juicio político para el juez Joaquín Cosentino, una marcha en reclamo de justicia, la presentación como querellantes en la causa y un fuerte apoyo al trabajo de la fiscalía, son algunos de los pasos que la familia del sargento ayudante José Aigo, asesinado el miércoles pasado por la madrugada, llevará adelante a partir de hoy, mientras los investigadores analizan las últimas pruebas colectadas.
En un allanamiento realizado el sábado en Mallín Ahogado, se secuestró documentación que permitiría avanzar en el caso en forma decidida.
Tan importante serían las actividades llevadas a cabo en cercanías de El Bolsón que el fiscal Manuel González no sólo estuvo el sábado presente en el lugar, sino que recién regresó a la zona, ayer al mediodía, y se dirigió directamente a la fiscalía con asiento en San Martín de los Andes, donde estuvo trabajando hasta bien entrada la tarde junto al fiscal Ignacio Oyuela y el de Cámara, Fernando Rubio, para luego dirigirse a su oficina con sede en Junín de los Andes, donde, trascendió, continuó analizando las pruebas recolectadas.
Quienes siguen de cerca el tema aseguraron que durante la tarde de ayer se analizó la información recibida y se realizaron algunas diligencias que permitirían a los fiscales solicitar una batería de medidas en las próximas horas.
A la espera de resultados y nuevas diligencias, lo cierto es que los hermanos del policía muerto en el paraje Pilo Lil, en circunstancias más que confusas durante un operativo de rutina y por la cual hasta el momento no hay detenido alguno, manifestaron ayer su preocupación por lo que entienden son una serie de irregularidades en la causa, todas ellas cometidas por el juez “civilista, subrogante, Joaquín Cosentino”, a quien criticaron, anunciando también la decisión familiar de impulsar el juicio político al magistrado por su actuación en la causa.
Los hermanos Aigo indicaron ayer que el juez “solamente se basó en la declaración testimonial de (Juan Marcos ) Fernández –hijo del intendente de San Martín de los Andes- para darle su libertad, no esperando los resultados de las pericias o informes que se deberían haber hecho para corroborar los dichos de esta persona”.
Fernández conducía la camioneta en la que viajaban otros dos hombres, que al momento de intentar ser identificados por la Policía, imprevistamente reaccionaron a los tiros y mataron al uniformado. Hasta ayer permanecían prófugos.
Los hermanos Aigo, además, manifestaron su sorpresa y se preguntaron “por qué Fernández fue trasladado a San Martín de los Andes recibiendo los beneficios de ser asesorado por un abogado, para luego dar su testimonio. ¿Es necesario que un testigo de un hecho delictivo sea asesorado previamente por un abogado, si no hizo nada?”.
Encubrimiento
Los hermanos no dejaron lugar a dudas sobre su posición respecto a la participación de Juan Marcos Fernández en el hecho al advertir “cómo puede ser que Fernández, quien en principio fue parte del grupo que asesinó a nuestro hermano, de pronto pase a ser un testigo del hecho, cuando el único testigo es el oficial Guerrero (el compañero del sargento Aigo, el día de su muerte)”.
La familia del uniformado caído en cumplimiento de su deber manifestó que “para el juez la palabra de Guerrero no tiene valor ni peso alguno y le falta el respeto a este policía que logra detener a uno de los asesinos de nuestro hermano”.
Los hermanos del sargento ayudante Aigo resaltaron la figura del fiscal Manuel González, quien “solicitó a este juez incompetente, que considere el arresto preventivo de este asesino, imputándole el encubrimiento por el falso testimonio que estaba brindando, ocasionando perjuicios a la investigación”. Además, se preguntaron si el “juez Cosentino está encubriendo a una banda de delincuentes, narcos guerrilleros o si forma parte de ella”.
Llamado
Graciela, Marcela y Aldo Aigo, hermanos del policía asesinado, cuyos restos fueron enterrados en el cementerio de la comunidad Painefilú, indicaron también que “es probable que el juez haya recibido el llamado de alguna persona de arriba con más poder, para actuar así”. “Ahora le pasa la causa al fiscal, porque dice que el hecho es de autores desconocidos, sacándose así de encima una papa caliente que le quema las manos”, manifestaron.
Junto a Erica Soto, hermana de la esposa del uniformado, aseguraron que ningún integrante de la Confederación Mapuche del Neuquén se acercó a ellos y sí reconocieron que contaron con la asistencia del gobierno provincial.
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