Castro presentó su renuncia al cargo para el que había sido ungido por voluntad popular menos de dos años atrás y sin aguardar que la misma le sea aceptada
El diputado del FpV, Exequiel Villagra solicitó que se remita a la fiscalía en turno, de la circunscripción de Esquel por la posible incompatibilidad en la que incurrió el ministro Coordinador, Miguel Castro al sostener que se
sorprendió por el intempestivo abandono del cargo de intendente municipal de Cholila y su asunción como Ministro Provincial, “con una desatención por la legalidad que lo convierte en un hombre poco recomendable para el servicio público”.
Relató que “Castro presentó su renuncia al cargo para el que había sido ungido por voluntad popular menos de dos años atrás y sin aguardar que la misma le sea aceptada asumió su nuevo y apetecible cargo. Este hecho, más allá de mostrar una personalidad poco afecta a las sujeciones legales, acarrea consecuencias importantes en lo político y en lo jurídico, toda vez que ofende el texto y el espíritu de nuestra Constitución Provincial”.
Sostuvo que asumir un cargo provincial sin que haya sido aceptada aún su renuncia hace incurrir al flamante Ministro en incompatibilidad absoluta, conforme la letra expresa del artículo 244 del texto constitucional, que me permito trascribir: “En los municipios es incompatible el cargo de jefe del departamento ejecutivo con todo otro cargo público, excepción hecha de los docentes”, aclaró.
Villagra explicó que “esta grave cuestión político-institucional es zanjada por el propio texto constitucional, que sanciona a los que cayeren en semejante incompatibilidad con la pérdida del cargo municipal. Así norma el art. 245: “La inobservancia de lo dispuesto en el artículo precedente importa la pérdida inmediata del cargo”.
“De esta acción se desprenden dos consecuencias, ninguna de ellas positiva: La primera es que el Concejo Deliberante de Cholila ha aceptado la renuncia al cargo de quien lo había perdido ipso iure y por imperio de la Constitución Provincial, el mismo día que asumiera como Ministro, violando así las incompatibilidades constitucionales”, alertó.
En tanto, el legislador dijo que “la segunda, es que, prima facie, esta actitud acarrea consecuencias penales. Efectivamente el art. 252 del Código Penal Argentino (Delitos contra la Administración Pública), sanciona con pena de multa e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos al mal funcionario que hiciese abandono del cargo que ostentaba sin que la renuncia le fuese aceptada, tal como ocurrió en el caso del Señor Castro”, describió.
“Pero esta conducta penalmente reprochable produce, como no podía ser de otra forma, consecuencias legales que van más allá de la propia persona del ahora Ministro. Así el art. 253 castiga con el mismo tipo de pena, esto es multa e inhabilitación, al que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”, argumentó el legislador.
Sostuvo que éste “es un maquiavélico ejemplo de las lamentables consecuencia que resultan del proceder erróneo que de común acarrea la absoluta falta de sujeción a límites legales y la falta de pertenencia a cualquier proyecto político, cuando se anteponen los intereses personales por sobre los del conjunto”, reprochó.
“Si bien las consecuencias políticas y la incompatibilidad en la que incurrió el Señor Ministro, son zanjadas, como se dijo, por el propio texto constitucional, no ocurre lo mismo con el delito penal que debe ser investigado por la fiscalía en turno de la Circunscripción de Esquel, donde el delito de abandono de cargo se ha perfeccionado”, manifestó el diputado en su denuncia,
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