CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL EN RIO NEGRO
Otra masiva marcha en El Bolsón contra Joe Lewis: el pueblo continúa defendiendo los bienes comunes
Este sábado 11 el pueblo de El Bolsón se volvió a manifestar masivamente rechazando el enclave turístico VIP que Joe Lewis pretende construir en una reserva natural con triple protección.
Foto: Gustavo Marangoni
Ayer sábado 11 de febrero a las 18 horas diez mil de manifestantes volvieron a marchar por las calles de El Bolsón en repudio al megaloteo que se pretende construir en las fuentes de agua que nutren a la zona.
Fue la tercera marcha más multitudinaria en la historia de este pueblo y en rechazo al mismo negociado: un enclave turístico VIP que de concretarse sería la mayor villa de montaña de Latinoamérica y traería nefastas consecuencias ambientales y socioeconómicas en la zona. Si bien la justicia frenó el loteo haciendo lugar al amparo, el intendente apeló el fallo y el gobernador Weretilneck expresó su apoyo al intendente y al negociado.
Weretilneck declaró en el acto del aniversario de El Bolsón que una urbanización de 1000 terrenos “realmente era una cosa muy muy loca, pero ahora el acuerdo que hace la municipalidad es de 50 o 300 terrenos a lo largo de 10 años, de 15 años”.
Evidentemente olvidó leer el artículo 7 del acta acuerdo que firmó el intendente, que expresa “nada de lo expuesto en el presente implica o podrá ser interpretado como renuncia o desistimiento de la parte actora de los derechos otorgados por la resolución 086/11, comportando exclusivamente un diferimiento consensuado del ejercicio de los mismos”.
Ante la evidente connivencia entre los poderes político y económico, se decidió en esta marcha recolectar firmas que acompañen una carta al gobernador que exige la protección de los bienes comunes. Se demanda que el cerro vuelva a ser del pueblo, a través de un desarrollo provincial, y teniendo en cuenta que la empresa no ha cumplido con las obligaciones que implicaban su concesión, y la restitución de las tierras que fueron malvendidas a la empresa para que se preserven como santuario del agua por ley provincial.
Además, se reclama la elevación a la Legislatura del Proyecto de Ley para aprobar el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos realizado en el año 2015 que rezonificó el área dándole categoría II, lo que zonificado como amarillo impide el cambio en el uso del suelo.
Al mismo tiempo, se requiere que se efectivice el fallo del Superior Tribunal de Justicia de 2009 que exige el acceso público al Lago Escondido, y se garantice la vigencia de la Ley de Tierras e Implementación del Instituto de Promoción Agraria de la Provincia de Río Negro 279/61 que impide la especulación inmobiliaria.
Además se rechaza la nueva ley "minera" de tierras, a la medida del proyecto megaminero Calcatreu, donde la tierra pasa a ser una mercancía más para el saqueo por parte de mineras, petroleras y desarrolladores inmobiliarios, afectando la disponibilidad del agua en toda la provincia patagónica.
Foto: Dalel de Haro
También se realizó una colecta popular a través de bonos contribución para la reconstrucción del Centro Comunitario de Mallín Ahogado. En este lugar funcionaba el centro de atención primaria, se dictaban variados cursos y se hacían reuniones, entre ellas las de la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra, que viene luchando contra los negociados de Lewis desde el 2005.
El 24 de abril de 2015, este centro fue incendiado luego de varios atentados, dejando estratégicamente a la gente de Mallín sin un lugar donde agruparse, y también sin atención médica primaria.
En la marcha anterior, del 7 de enero, se reunieron más de 5000 firmas que acompañaron al amparo que exigía que se frene el loteo para prevenir los daños ambientales que causaría. Este amparo se presentó el lunes 13 de enero (expediente 01822-17) ante la Cámara Civil, Comercial y de Minería de la Ciudad de San Carlos de Bariloche.
El viernes de esa misma semana y a pesar de la feria judicial, los jueces fallaron por unanimidad haciendo lugar a las medidas precautorias de suspender las ordenanzas 165/2016 y 194/2016 y la resolución del intendente municipal 295/2016 que avalaban el negociado, y prohibiendo las ejecuciones de las obras en el lugar (mediante la medida de “no innovar”).
Además anotaron cautelarmente la litis en el Registro de la Propiedad Inmueble respecto de las parcelas involucradas, para que los posibles compradores de los lotes estén informados de que el terreno está en litigio.
En los fundamentos del voto del Dr. Emilio Riat, integrante de la Cámara Civil, Comercial y de Minería de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, se desenmascaran varias mentiras esgrimidas por el poder político y económico para justificar el negociado.
El megaloteo nada tiene que ver con la concesión del desarrollo del centro de esquí. La empresa asevera que el negocio del esquí es absolutamente inviable sin un negocio privado que genere el dinero necesario para las inversiones en las mejoras del cerro.
Sin embargo, los jueces aclaran que las leyes que regulan la concesión del centro de esquí (3558/00 y 4335/08), incluyen un centro comercial con la posibilidad de construir hoteles o cabañas para alquilar dentro de las tierras destinadas a tal fin y como concesión, no fuera de esas tierras y como negocio privado, como lo propone la empresa.
El acuerdo extrajudicial que celebró el intendente Pogliano para evitar que la empresa lo demande por lucro cesante fue totalmente innecesario.
Los jueces explican que la sentencia del 13 de octubre de 2015 dictada por esta misma cámara nunca obligó a que el intendente negocie una readecuación del proyecto para no incurrir en un juicio multimillonario.
Señalan que simplemente anularon la anulación de la resolución 086/11 que pretendía aprobar el loteo, que ya estaba viciada de nulidad por incumplir otros procedimientos (como el aval ambiental que dispone en su artículo 3).
Los jueces también explicaron que los nuevos hechos consumados que se perpetraron luego del innecesario acuerdo extrajudicial, entre octubre y diciembre de 2016, omitieron varias de las etapas que exige la Ley de Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental (3266/09) para aprobar un proyecto, entre ellas, el dictamen técnico independiente del que puedan brindar los organismos y reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales implicadas en las repercusiones del proyecto.
De todas formas, el poder ejecutivo y legislativo insisten en promocionar este enclave turístico, que nada tiene que ver con la realidad y el perfil de El Bolsón, mediante las viejas falacias de “la necesidad de fuentes de trabajo”, el “progreso” y el “derrame”. Pero la tenacidad del pueblo, que ya lleva 12 años de lucha, también insiste en que se protejan los bienes comunes de los negociados contaminantes de unos pocos.
LA IZQUIERDA DIARIO
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