El dato no sorprende a nadie. Ante un caldo de cultivo odiante, gestionado desde el Ejecutivo nacional, personas pero más aún las fuerzas de seguridad se sienten habilitadas para discriminar, violentar, matar por su orientación sexual o su género. Como se conoció, en lo que va del año se registraron 102 crímenes de odio contra personas LGBT+. Eso no es todo. Los crímenes de odio están en aumento. Esta cifra representa un aumento del 70 porciento en comparación con el mismo período del 2024, en el que se habían contabilizado 60 casos. Aquí, algunas estrategias y análisis desde los activismos LGTBIQ+.

La evolución histórica refuerza esta tendencia en alza: en todo 2023 se registraron 133 casos, en 2022 la cifra fue similar, y en 2021 se habían contabilizado 129. Los datos son del último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+.

“El sujeto de estos crímenes y el aumento tiene que ver claramente con un cambio que se está dando desde el Estado no solamente en los discursos de odio y las asociaciones a la pedofilia sobre la comunidad LGBTIQ+ sino particularmente sobre el desguace de políticas públicas y la falta de promoción de los derechos”, dijo a Página/12, Alba Rueda, activista de Mujeres trans Argentina.

“Evidentemente todos los países que tienen una historia tan fuerte y sólida vinculada a prácticas discriminatorias, a violencia física y simbólica sobre la comunidad LGBT como Argentina, lleva tiempo desterrar esto en términos sociales y culturales. El Estado no hizo nada, este gobierno nacional no hizo nada para cambiar estas realidades, al contrario, alienta a desarmar las leyes que nos protegen y las instituciones que nos protegen como el Inadi, como el proyecto que está destinado a cambiar la ley de identidad de género y los discursos de odio. En el plano social vivimos el efecto de la mano del Estado, esa mano que no busca neutralidad sino que busca inclinar la balanza en la impunidad de las fuerzas de seguridad”, agregó. En ese sentido, el informe da cuenta de que las violaciones a los derechos de las personas de la comunidad LGTB+ son principalmente ejercidas por el Estado. Mientras que el 35,3 por ciento de los casos (36) los hechos fueron cometidos por particulares, el 64,7 por ciento restante (66), el Estado aparece como responsable directo de estas violencias, ya sea a través del accionar de fuerzas de seguridad o de otras instituciones públicas. Dentro de este último grupo, se destaca de forma alarmante que en más de la mitad de los casos con autoría estatal (54 casos, 52,9 por ciento del total general), la violencia fue ejecutada por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones, configurando graves situaciones de violencia institucional. Además, el análisis del lugar físico donde ocurrieron los crímenes de odio muestra que el porcentaje más alto de hechos --54,1 por ciento– sucedió en comisarías o unidades penitenciarias, “lo que vuelve a evidenciar la gravedad de las violencias institucionales ejercidas especialmente contra personas trans privadas de libertad”.

Desde el Observatorio coincidieron en la gravedad de que el Gobierno Nacional haya definido como política de Estado el señalar, estigmatizar y deslegitimar a los feminismos y a los movimientos de diversidad sexual: “Cuando esa estigmatización proviene de la figura presidencial, con tono de doctrina y pretensión de verdad, el efecto sobre nuestras comunidades es letal”. “Estos datos no pueden analizarse por fuera del contexto político y discursivo en el que se producen --concluye el informe--. Durante 2024 y 2025, la figura presidencial impulsó una construcción sistemática del colectivo LGBT+ como enemigo social. En foros internacionales y redes sociales, el Presidente de la Nación caracterizó a los feminismos y a la “ideología de género” como “virus mentales” y amenazas a la civilización occidental. La comunidad LGBT+ fue asociada a una supuesta “agenda criminal” que debía ser “extirpada”. A este discurso se sumaron decisiones de gobierno concretas: el cierre del Inadi, la eliminación de políticas de inclusión, la modificación regresiva de la Ley de Identidad de Género mediante el DNU 61/2025 y el 62/2025, y la promoción de acciones que niegan la existencia misma de las infancias y adolescencias trans, entre muchísimas otras”.

Flavia Massenzio, secretaria de Asuntos Jurídicos de la FALGBT+ y coordinadora Defensoría LGBT, consideró que en Argentina, la violencia política contra mujeres y diversidades no es una categoría abstracta ni una metáfora. “Es una práctica sistemática de persecución sostenida a través de discursos de odio, que vemos cómo actualmente se despliega y repite desde distintos ámbitos, algunas veces desde el anonimato y otras veces nos hieren voces totalmente impunes e incluso muchas veces legitimadas por otras voces del propio gobierno. Y esos discursos tienen consecuencias directas sobre nuestras vidas. Sabemos --porque lo vivimos-- esas violencias escalan, y la cima son los crímenes de odio; que no surgen de manera espontánea. No son acciones individuales, aisladas o producto del azar. Son el resultado de un clima de hostilidad que se construye, se gesta y se difunde conscientemente desde un sector de la sociedad, que hoy encuentra también su amparo en un sector del poder político de turno”, señaló.

Además recordó el que fue quizás el momento más alto de la exposición política de las ideas del gobierno sobre este colectivo y los feminismos, su conferencia en el Foro de Davos. Allí dijo que que “el feminismo, la ideología de género, el ecologismo y la agenda sangrienta del aborto son parte de esta agenda que ataca los fundamentos mismos de nuestra civilización”. Refiriéndose a la comunidad LGBT+, dijo que “la ideología de género no solo va contra la biología sino contra la libertad”, que se trata de un “virus mental” y que “todo lo que toca el socialismo lo arruina”. En ese mismo discurso, sostuvo que ese virus mental debía ser “extirpado”.

“Los discursos de odio tienen un impacto tangible en la vida de las personas LGBT+. No se trata solo de expresiones agresivas o violentas, son una construcción sistemática de un enemigo social. El Poder Ejecutivo de nuestro país ha utilizado estrategias discursivas que señalan a la comunidad LGBT+ como una amenaza para la sociedad, la cultura y la identidad nacional. Este mecanismo de construcción de enemigos es una estrategia histórica utilizada por regímenes autoritarios para justificar la represión. Nos presentan como una imposición de la "ideología woke", un concepto vacío y maleable que utilizan para englobar todo aquello que consideran contrario a su visión del mundo” agregó Massenzio.

Para Rueda, “hay algo que se materializa y es que el aumento tiene que ver con que el Estado es nuevamente un represor y persecutor de las mujeres trans y este es el dato más crítico: las mujeres trans y travestis seguimos viviendo la mayor carga de la violencia en el odio y en los prejuicios y eso se traduce en cómo el estado nos identifica para matarnos”, Las mujeres trans siguen siendo las más violentadas de la comunidad. En lo que va del año, el 70,6 por ciento de los casos (72) registrados fueron contra mujeres trans; en segundo lugar, con el 16,7 por ciento (17), contra varones gay; en tercer lugar, con el 6,9 por ciento (7) de los casos, figuran las lesbianas; les siguen los varones trans, con el 4,9 por ciento (5); y por último se encuentra una persona no binarie, que representa el 1 por ciento% del total de los casos registrados.

¿Qué hacer frente a tanto retroceso? “Nuestro país que supo ser un país con leyes que fueron reconocidas internacionalmente por sus políticas públicas para promover derechos y prevenir la violencia, hoy es un país arrasado en el odio y la discriminación. Estos datos tienen que ser un llamado de atención no solamente en términos electorales sino sobre todo en términos sociales. No podemos perder la plataforma de derechos que hemos conquistado para hablar de identidad de género en las escuelas, en las instituciones”, apuntó Rueda.

El Observatorio propone que los crímenes de odio sean tipificados como tales por la Justicia y que se apruebe de forma urgente una nueva Ley Nacional contra la Discriminación, actualmente en estado parlamentario. “Denunciar y visibilizar es una de las acciones más importantes para la reparación, la búsqueda de justicia, el cese y la prevención, porque el silencio y la naturalización de estas violencias solo profundizan la impunidad. Necesitamos la sanción de la nueva ley nacional contra la Discriminación que nos permita contar con herramientas eficientes para abordar estos crímenes, que se han profundizado a través de los discursos de odio legitimados muchas veces por sectores del gobierno y hasta en los dichos del propio presidente”, finalizó Massenzio.

Página 12