Los concejales dispusieron aumento del 35% para los empleados públicos

El secretario de Gobierno de El Bolsón, Mario Scandizzo, aseguró que la ordenanza que aprueban cinco concejales estableciendo un aumento salarial del 35% a los empleados y a toda la estructura municipal se inscribe en una acción que apunta a desestabilizar al gobierno del intendente Ricardo García y que no es la única.

La gravedad de la situación data en que el Concejo Deliberante de esa localidad tiene 7 miembros y sólo dos de ellos no votaron el aumento de sueldo para los empleados públicos, creando así una situación que confronta con lo universalmente conocido y con varios de los artículos de la Carta Orgánica. Carta que, en su escrito, no establece de manera contundente que sea del Ejecutivo la responsabilidad de los aumentos, pero que eso, claramente, no implica que la atribución se la pueda tomar el legislativo.

O por lo menos eso se desprende de los artículos 101 y 122 que establecen que el legislativo sanciona el presupuesto a iniciativa del Poder Ejecutivo, lo que incluye el “cálculo de recursos y sus rectificatorias”. Artículo que, en lectura integrada con las atribuciones del Ejecutivo, artículo 122 inciso 11, dice que es atribución del Ejecutivo, “Hacer confeccionar en forma clara y detallada la ejecución presupuestaria, con información clara de los ingresos y egresos”.

En este contexto es que el secretario de Gobierno de El Bolsón, Mario Scandizzo, ratificó que este incremento es ilegal porque ese tipo de medidas las tiene que tomar el Ejecutivo, como lo determina la Carta Orgánica Municipal.

En función de estos acontecimientos, que crean tensión al crear una expectativa salarial para los empleados públicos que no condeciría con los recursos reales ni con las atribuciones del Poder Legislativo local, es que ahora se radicó una denuncia en la fiscalía local para se investigue al concejal Raúl García (PAyS), impulsor del aumento que, salvo dos concejales, aprobó el Concejo Deliberante, por "los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público", entre otros cargos. Luego, Scandizzo afirmó que lo sucedido se trata “de un sabotaje” al gobierno municipal.

Y que; “los concejales no tienen la atribución, por el artículo 101 inciso 33 de la Carta Orgánica, para poder dar aumento a los empleados, eso es pura y exclusivamente injerencia del Poder Ejecutivo, o sea, del Intendente Municipal”.

Indicó que la denuncia que hizo apunta “a parar este tema”, subrayando que los 5 concejales que aprobaron esto “quieren imponer un aumento a los trabajadores del 35%, pero el fondo de la cuestión no es eso, sino que incluyen a todo el personal municipal, funcionarios y concejales, es decir, ellos mismos se aplican el aumento”.

Más adelante señaló el secretario de Gobierno, que; “con la denuncia nosotros estamos dejando en evidencia cuál fue el motivo del concejal García para presentar esto, violando no sólo la Carta Orgánica, sino el Código Penal en el artículo 246 inc. 3 y 248, tomando atribuciones que no le corresponden”, es decir, una violación a los deberes del funcionario pública.

Afirmó que “esperemos que la justicia pueda actuar y en realidad esto es otra movida de las que venimos teniendo desde hace mucho tiempo para desestabilizar un gobierno que lleva dos años”.

Luego, ratificó que han sido “dos años de mucho trabajo, con muchas obras del gobierno provincial y el nacional; nos cuesta mucho, pero son dos años de honestidad, dos años donde nosotros si hoy tenemos algún dinero en nuestras arcas es simplemente por haber manejado la cosa pública de una manera totalmente transparente y cuidándonos de gastos innecesarios”.

Mario Scandizzo afirmó asimismo que la actitud de los concejales –con excepción de Víctor Hugo Águila y Liliana Navarro- es una movida más que “atenta contra la gestión nuestra”. Lo que llama la atención es que el aumento fue firmado por concejales que en teoría responden al espacio político (Frente para la Victoria) del Intendente.

Más adelante, ya en una clara situación de conflicto de poderes, Scandizzo acusó al Concejo en cuanto a que; el intendente anterior (por el radical Oscar Romera) vendió terrenos a valor social a gente con recursos, “empresarios e hijos de empresarios”, que además no pagó, cuando el municipio tiene una demanda de 400 familias que sí necesitan acceder a un loteo social, y el actual Concejo Deliberante aprobó esto. “Esto quedó firme por decisión de este Concejo, pero nosotros estamos tratando de iniciar una acción de inconstitucionalidad, en un juzgado civil”.

EL CIUDADANO