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El Portón (Chile), foto Agencia El Bolsón

RÍO NEGRO

Advierten nuevo intento para represar el río Puelo

07:53 23/12/2013

Así lo indican referentes ambientalistas trasandinos. Su concreción afectaría el ambiente de la Comarca Andina del Paralelo 42, donde se ubica el 70% de la cuenca binacional.

Según adelantó ayer la organización Geoaustral, el 5 de diciembre la corporación energética Endesa ingresó oficialmente ante la Dirección General de Aguas de Puerto Montt una solicitud de traslado de derechos de agua que tiene sobre el cauce de río Puelo, ubicado en la comuna de Cochamó, de Los Lagos. Posteriormente, el día 16 de diciembre, un extracto de esta solicitud fue publicada en los medios de prensa nacional, local y oficial.

En términos generales, esta solicitud de traslado "confirma las intenciones de Endesa de represar la cuenca del Puelo original, y solo es una suerte de maquillaje estético con un objetivo legal, para evitar el chasco sufrido el 2006 y el fallido traslado del derecho al sector denominado El Portón", remarcaron referentes ambientalistas trasandinos.

En este contexto, la empresa multinacional "producto de una suerte de síndrome sicopático" (según los ecologistas), se embarca "en este nuevo adefesio energético, como alternativa a sus dramas en la región de Aysen, pero esta vez involucra una cuenca binacional y protegida por tratados internacionales, como es la del río Puelo".

De concretarse este proyecto, advierten que "sería la represa más grande en Chile, superando con creces lo proyectado en Hidroaysen, ya que el embalse y espejo de agua que produciría la inundación hasta una cota de 169 metros seria de decenas de miles de hectáreas, y perjudicando gravemente a Argentina y los tratados internacionales".

Precisamente, desde hace años en toda la Comarca Andina -, más los gobiernos de Río Negro y Chubut-, vienen pidiendo a la Cancillería "acciones directas" para protestar por el mega emprendimiento en función "de las consecuencias ambientales y sociales que puede acarrear a la región", donde está emplazado el 70% de la cuenca.

En coincidencia, ambos estados patagónicos suscribieron hace una semana un convenio de cooperación técnica que prioriza elaborar "desarrollar acciones que permitan avanzar en la integración binacional en las temáticas de comercio exterior, turismo, infraestructura, conectividad aérea, vial y ferroviaria, actividades de protección medioambiental, priorización y desarrollo de los pasos fronterizos Puelo y Manso, educación, ciencia, investigación e innovación".

Por su parte, desde Chile recordaron sobre el posible represamiento que "históricamente el gobierno entregó el uso y goce a perpetuidad del total de las aguas de la cuenca binacional del río Puelo a Endesa -mediante Decreto 570 de fecha 12 de septiembre de 1990-, un caudal de 850 metros cúbicos por segundo, a pesar de que este río en la misma fecha, las estadísticas oficiales indicaban que este río no superaba un volumen de 670 metros cúbicos por segundo. Es decir, se cedió a la multinacional más agua de lo que el curso hídrico tiene físicamente".

Agencia El Bolsón

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Procesan a tres policías por la muerte de Garrido

Las protestas de los familiares de Garrido se hicieron sentir en la ciudad de Bariloche.

El juez dictó el procesamiento de los uniformados por homicidio culposo.

BARILOCHE (AB).- El juez de Instrucción Martín Lozada dictó el procesamiento de tres empleados de la Policía de Río Negro como supuestos autores del homicidio culposo de Guillermo Garrido, quien Fue hallado ahorcado en el calabozo de la Comisaría 12 de El Bolsón.

Lozada recordó que los tres policías tenían a su cargo el detenido la noche del 13 de enero de 2013, entre las 21:40 y las 22:50, cuando ocurrió el hecho. Consideró que los tres policías "incurrieron en un obrar negligente al omitir el cumplimiento de los deberes a su cargo".

Advirtió en la resolución del procesamiento que se difundió ayer que "violaron el deber de cuidado exigido al dejar al detenido Garrido con un elemento con el que podía atentar contra su vida, tal cual resultó ser el cinturón de un metro de longitud y tres centímetros de ancho, que llevaba entonces colocado en su cintura. Máxime cuando el detenido estaba sumido en un estado de intoxicación alcohólica".

Sostuvo que justamente Garrido usó su cinturón "y se colgó de uno de las rejas del calabozo, operación que le produjo la muerte".

En consecuencia, el juez desestimó la hipótesis de que Garrido había sido víctima de un homicidio en la unidad policial, que impulsaban los familiares como querellantes. De hecho, familiares y vecinos de El Bolsón repudiaron días atrás a Lozada cuando les había adelantado que no había pruebas para sostener la hipótesis de que Garrido fue asesinado.

Lozada valoró la autopsia que realizó el forense Juan Manuel Piñeiro Bauer, quien afirmó que "no se constató signos externos de violencia; se observaron dos líneas equimóticas en la zona del cuello, sobre el lado derecho, compatibles con surco de ahorcamiento?".

Lozada destacó la declaración del médico Gustavo Álvarez, quien sostuvo que el cuerpo de Garrido "tenia marcas en el cuello y en el mentón, que supuestamente es donde apoyó la hebilla del cinto. Las marcas indicaban que efectivamente se había colgado, porque el surco era incompleto".

El médico "afirmó, puntual y concretamente, que el occiso tenia un aliento etílico bastante fuerte. Del resto del examen físico no se observó otro tipo de lesiones. Se consigna que no estaba golpeado".

Lozada indicó que las mediciones efectuadas y el informe pericial encomendado a los especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de la Provincia de Salta permiten afirmar que las rejas cumplen "los requisitos de altura para ser utilizadas en suspensión completa, incompleta y de resistencia para soportar el peso de la víctima".

Sostuvo que "ninguna de las declaraciones testimoniales receptadas en sede policial o judicial dan cuenta de la hipótesis homicida".

RÍO NEGRO

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Proponen la creación de una comisión que administre tierras fiscales en la zona andina

El Bolson.- Ingresó al Parlamento rionegrino un proyecto de ley para crear una comisión Coordinadora y Reguladora de Tierras Fiscales para la creación de unidades habitacionales en el circuito andino de Río Negro.

Según los autores, Rubén Torres y Pedro Pesatti (FpV), este Cuerpo se abocaría a la actualización y publicación del banco de datos de tierras provinciales y nacionales y a su coordinación, para impulsar el diseño y establecimiento de un marco legal coherente que regule el uso y ocupación del suelo en forma justa y solidaria.

Para ello, se propone la creación de un Contrato de Fideicomiso en el cual se transmita la administración de las tierras de dominio público del Estado provincial a la Comisión, para que ésta las administre, coordine, regule y destine a planes sociales de vivienda en beneficio del Instituto de Promoción Pública de la Vivienda (I.P.P.V).

“De esta manera se propenderá al respeto y al uso racional de los bienes de dominio público, fomentando la planificación urbana como función pública y política prioritaria del Estado en todos sus niveles, a través del análisis exhaustivo de cada una de las localidades de nuestra Provincia”.

Afirman en este sentido que algunas localidades tienen en su ejido municipal tierras nacionales, provinciales y municipales sin uso, lo que contrasta con la realidad habitacional actual.

Si bien se abocaría en principio al circuito andino, la idea es que la comisión pueda extender sus funciones hacia otras regiones.

ADN

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Saludo Navideño de la Asociación Argentina de Actores

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Saludo navideño del ISFD 813

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El EPRE aplicó multas a EDERSA por riesgos a la seguridad pública

Cipolletti.- El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de Río Negro resolvió acerca de nueve expedientes sobre seguridad pública en diferentes puntos de la provincia y aplicó multas a la distribuidora EDERSA por 2.836.793,62 pesos.

Fueron analizadas más de 750 anomalías, de las cuales aún resta subsanar el 40% de las mismas, pese a que en algunos casos las intimaciones tienen una antigüedad de seis años.

Los casos analizados están ubicados en la Línea Sur, El Bolsón, la costa Atlántica y principalmente en diferentes localidades del Alto Valle. De las 765 anomalías detectadas, se le dio una solución total a 407 falencias (53,20%) y en forma parcial a 51 potenciales riesgos (6,67%).

A rasgos generales, las situaciones observadas tienen un retraso considerable producto de no haberse hecho un seguimiento acorde para verificar su cumplimiento. Hay casos registrados en mayo de 2007 en la Línea Sur y en julio de ese año en Campo Grande y Cinco Saltos, que pese a los seis años transcurridos aún no fueron corregidos en su totalidad.

Las resoluciones que sustentan las penalizaciones son la 326/13 (casos de diciembre de 2012), 329/13 (mayo de 2007), 330/13 (julio de 2007), 337/13 (octubre de 2012), 338/13 (diciembre de 2010), 339/13 (julio de 2009), 340/13 (junio de 2011), 341/13 (diciembre de 2009) y 342/13 (enero de 2010).

Entre las falencias detectadas se observó riesgo de descargas a tierra por la disminución de la distancia de seguridad mínima que marca la normativa; riesgo de electrocución por instalaciones al alcance de la mano o ante descargas a tierra a través de riendas; riendas sin aisladores; pilares de conexión precarios; numerosos transformadores con pérdidas; una gran cantidad de postes o columnas inclinadas por sobrecargas excesivas sobre los mismos; riesgo de vuelco de algunas estructuras por la pérdida de la tensión mecánica de referencia que da la rienda; entre otros.

Sobre las anomalías que aún persisten o que fueron parcialmente atendidas, desde el EPRE se formuló una intimación para que sean resueltas, bajo apercibimiento de aplicarse nuevas sanciones.

Como establece la normativa, los montos de las multas aplicadas a las distribuidoras son cobrados mediante un crédito en la factura de los usuarios del Servicio Eléctrico Provincial que han sido perjudicados por el accionar de las mismas.

En el caso de las multas por infracciones a la seguridad pública, el monto se distribuye entre la totalidad de los usuarios, en función de un descuento en el cuadro tarifario de la distribuidora sancionada. Está determinado que el EPRE no perciba dinero alguno de la sanciones aplicadas en ningún caso.

ADN

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Piden anular venta irregular en El Bolsón

Presentaron en la Legislatura rionegrina un proyecto de ley que propone dejar sin efecto los actos administrativos correspondientes a una venta irregular de 32 hectáreas de tierras en El Bolsón.

Según se explica en los fundamentos, las tierras fueron adjudicadas por la Dirección de Tierras de la Provincia a una persona que según las normas vigentes no reunía los requisitos necesarios para ser adquiriente, entre otros impedimentos porque ya era propietario de 10 hectáreas en El Bolsón, no residía en las tierras adjudicadas ni las explotaba debidamente según lo exige la ley de Tierras.

La iniciativa de los legisladores César Miguel, Silvia Horne, Martín Doñate, María Gemignani y Roxana Fernández (FpV), fue elaborada en el marco de la “Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales” del Parlamento.

El proyecto tiene como objeto “retrotraer la fraudulenta transmisión de tierras” que se hiciera sobre tierras fiscales y devolverlas al fisco para que sean entregadas a la municipalidad de El Bolsón para desarrollar planes de viviendas que den lugar a la gran demanda de hábitat por la que atraviesa la ciudad y sus alrededores.

La ley de Tierras (Q279) establece una serie de requisitos que deben cumplirse para ser adjudicatario de una unidad económica, tales como ser productor agrícola o pecuario de profesión, ser hijo de productor agrícola que haya colaborado en tareas rurales, o ser profesional o técnico agrícola o pecuario.

El mismo adquiriente admitió que no vivía en el predio cuyo dominio solicitaba, que era un comerciante del rubro de la construcción, que poseía una chacra de 10 hectáreas en El Bolsón, que tenía una casa y un negocio en Buenos Aires y que su objetivo era la construcción de cabañas para la actividad turística en este predio.

A pesar de estas irregularidades, en 1997 la Dirección de Tierras aprobó la transferencia de derechos y mejoras a este particular y se le otorgó Permiso Precario de Ocupación.

Entre las faltas, también se menciona en el proyecto la falta de intervención de la Fiscalía de Estado solicitada en su momento por el intendente Oscar Romera que denunció las irregularidades. También se objeta la falta de una inspección previa de las tierras adjudicadas.

Por último, se cuestiona el precio de venta de la tierra fiscal adjudicada y escriturada. El adquiriente la obtuvo por 25.948 pesos, a 867 la hectárea, y fue bonificado por pagar al contado.

“El precio de venta resulta irrisorio y vil, teniendo en cuenta que no se trata de un poblador de años de residencia, sino un nuevo adquiriente de tierra fiscal que comenzó a ejercer la posesión sobre el predio recién en el año 1997”, sostienen los legisladores.

Plantean que en este caso se ha desnaturalizado la ley, y los funcionarios públicos actuantes han beneficiado con un precio promocional especial de venta a un particular que no reunía los requisitos de la ley.

BARILOCHE OPINA

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