Fiscalía de Investigaciones interviene en el caso de la escuela técnica de El Bolsón
Marcelo Ponzone, fiscal de Investigaciones Administrativas.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), intervino en el caso denunciado a este diario por la UnTER, donde se expuso la situación del Centro de Capacitación Técnica Nº 7 (CCT 7), que presenta un grado de “abandono” y “desamparo” por parte del Estado, según consideraron desde el gremio.
El titular de la Fiscalía, Marcelo Ponzone, no sólo tomó este caso sino que sumó distintas escuelas, jardines y centros educativos de la localidad de El Bolsón, donde indagará sobre posibles irregularidades e incumplimientos en materia de infraestructura, así como la falta de aplicación de reglamentaciones vigentes.
El caso más complejo es el CCT Nº 7, donde según la UnTER Zona Andina, los alumnos tienen clases en galpones con temperaturas bajo cero, con aulas que se inundan, estufas a leña, y precariedad en las instalaciones. El caso fue expuesto hace unos 10 días por el gremio en un informe del El Cordillerano.
“Es un deber y una responsabilidad de los funcionarios actuar según lo establece la ley, sobre todo cuando se trata de la educación, un tema más que importante para el Estado y sus instituciones”, señaló Ponzone.
En el CCT, los docentes y directivos señalaron que esperan desde el 2013 la ampliación del edificio nuevo, que se comenzó a construir pero la obra fue abandonada por la empresa que después quebró.
Los docentes requieren con urgencia que se concreten obras paralizadas desde hace años, y se apliquen reglamentaciones existentes para poder mejorar la calidad educativa de los alumnos.
En este aspecto, desde la FIA se investigará si hubo incumplimientos e irregularidades en las contrataciones.
Otro aspecto denunciado en el órgano de control, es sobre posibles incumplimientos por parte de la Secretaría de Trabajo en las inspecciones, que deben determinar la seguridad y salubridad.
Los directivos aseguran que los alumnos del CCT Nº 7 se encuentran tomando clases en condiciones de extrema peligrosidad. Por ejemplo, en uno de los galpones en donde los alumnos trabajan con electricidad y maquinarias, ingresa lluvia por el techo y las paredes. Además, señalaron que dan clases con temperaturas bajo cero, ya que la calefacción a leña es sumamente deficiente y el calor se pierde por las paredes de chapa. Como si eso fuera poco, hay pisos rotos, y la instalación eléctrica es precaria.
En este caso puntual, gran parte del mantenimiento, los arreglos, y ampliaciones, fueron realizados por los docentes y directivos.
En otro sector del edificio, el segundo piso -según se expuso desde UNTER- tiene maderas que al pisarlas se doblan, y desde abajo se escuchan los ruidos de máquinas, cosa que impide el dictado de clases. En muchas ocasiones, utilizan una misma aula como comedor y espacio para el dictado de cursos, en simultáneo.
Más casos
Pero la FIA tomó más casos en la misma localidad. Uno de ellos es el de la escuela 337, una institución educativa que ingresó a la “modalidad de jornada completa”, con la aprobación del Ministerio de Educación de la Provincia. Esto hace que los alumnos estén casi todo el día en la escuela, y necesiten un edificio acorde.
En ese sentido, los directivos de la escuela pidieron la intervención de la FIA para determinar si existen conductas administrativas irregulares que impidan la ampliación establecida por las autoridades provinciales desde 2013. Tampoco tuvieron respuestas oficiales a sus pedidos.
Hoy la matrícula de la escuela 337 sigue creciendo y el edificio está colapsado, por lo que varios cursos deben dar clases a dos cuadras del establecimiento. Se informó que la Fiscalía también indagará sobre la actuación de esa área de gobierno, que debe garantizar condiciones edilicias de acuerdo a las reglamentaciones.
La FIA tendrá la misma tarea en la situación del jardín Nº 101, que también está a la espera de la construcción de su edificio propio, que hoy comparte con otra entidad educativa como el Jardín Maternal Comunitario Nº 18. Desde la institución, señalaron que han presentado reiteradas notas en la Delegación del Consejo de Educación local, pero no han tenido respuestas.
A ello, según consta en la denuncia recibida por la Fiscalía, se suman diversos problemas en materia edilicia y que pertenecen a la función de la Secretaría de Trabajo: calefactores sin funcionamiento, letrinas construidas al costado del espacio de juegos de los niños, puertas rotas, humedad cerca de artefactos eléctricos, problemas con las salidas de emergencia, entre otras situaciones que hacen que el edificio sea “inseguro” para los menores.
En tanto, la comunidad educativa del jardín 46, siempre en El Bolsón, pide que se aplique la reglamentación vigente (1713/97) en la creación de cargos, y de esa forma poder contar con la cantidad de personal adecuado a los niños.
En ese caso, se indicó que luego de reiterados pedidos, nunca hubo una respuesta por parte de las autoridades hacia el jardín que trabaja con 235 alumnos. En esta situación puntual, el órgano que conduce Marcelo Ponzone deberá determinar si existe algún tipo de incumplimiento de tales normativas.
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