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Fiscalía de Investigaciones analiza posibles irregularidades en el Servicio Forestal Andino
Desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, solicitaron al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Martín, y a la responsable de Ambiente, Dina Migani, información al respecto. Al parecer, ambos estamentos responden con evasivas u omisiones al órgano de control.
Dos ministros y una secretaria de Ambiente están en la mira por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro, debido a una supuesta serie de irregularidades existentes en el área de Servicios Forestales, que tiene como función controlar los bosques de la región.
Al parecer, esa área acusaría una falta de asignación de recursos y restricciones a su poder de policía, lo que le impediría realizar el trabajo a sus inspectores, los que, además, serían una cantidad insuficiente para la superficie que deben controlar. A ello, se sumaría la falta de concreción de los trámites sumariales, que son consecuencia del trabajo de los inspectores.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro que dirige Marcelo Ponzone, pidió información a las áreas responsables de esta situación, pero no tuvo respuesta alguna por parte del Gobierno.
Ante esta situación, Ponzone solicitó la intervención de la Secretaría General de la Gobernación, que conduce Matías Rulli, para que intime al ministro de Agricultura, Martín, y a la secretaria de Ambiente, a dar respuestas a las sucesivas solicitudes del órgano de control, en primer término, y determinar qué sucede en un área tan sensible, por su impacto en el medioambiente.
Desde la Fiscalía no se descarta que se realicen denuncias penales por incumplimientos a los deberes de funcionarios públicos, en las áreas antes mencionadas.
El área cuenta con $17.445.219 y por eso a la Fiscalía le llama la atención algunas irregularidades.
Por otro lado, Ponzone solicitó saber si Martín realizó gestiones para obtener más presupuesto para conformar el Cuerpo de Inspectores Forestales, integrado por quince miembros, y si eso tiene correlatividad con la superficie expresada en kilómetros cuadrados que deben controlar y de ese modo dar cumplimiento a la normativa vigente.
Además, la Fiscalía pretende conocer quiénes son los responsables patrimoniales de cada vehículo asignado a las Delegaciones del Servicio Forestal Andino, cuantos días al mes tienen disponibles los vehículos para realizar las tareas de inspección, en San Carlos de Bariloche y El Bolsón.
Se requirió también saber cuántas inspecciones realizó el Servicio Forestal Andino en San Carlos de Bariloche y El Bolsón en los años 2015 y 2016, y si las mismas quedan asentadas en talonarios de cada Delegación con numeración correlativa.
El secretario General de la Gobernación, Matías Rulli, es autoridad de aplicación de la Ley Provincial 2216, en donde se indica que es obligación intimar a los “organismos reticentes” y en caso de silencio o negativa a dar las respuestas, el secretario tiene la obligación de formular la denuncia penal o administrativa.
Cabe destacar que la falta de respuesta de los organismos a pedidos de informes, podría generar responsabilidades penales de los funcionarios reticentes, ya que pueden recaer en la figura de “incumplimiento de deberes de funcionario público y retardo funcional”, según estipula el Código Penal.
Desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ya se han formulado varias denuncias en ese sentido ante el Ministerio Público Fiscal.
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