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Presentan amparos para evitar la extranjerización de tierras nacionales
Desde Chubut, Mendoza y La PLata presentaron planteos de inconstitucionalidad y nulidad de las modificaciones que hizo el macrismo a la Ley de Tierras.
En 1996, Joe Lewis compró un predio de 12 mil hectáreas a 30 kilómetros de El Bolson (sur de la provincia de Río Negro), lugar que llamó Lago Escondido (Hidden Lake). Foto: diarioandino.com.ar
Legisladores de Chubut, referentes del Movimiento Campesino Indígena en Mendoza y un abogado de Derechos Humanos en La Plata acudieron la semana pasada a la Justicia Federal para plantear la inconstitucionalidad y nulidad del decreto del macrismo que modifica la Ley 26.737 o Ley de Tierras. Además de facilitar la venta de territorios a extranjeros, advierten que este decreto pone en riesgo “la soberanía alimentaria y acuífera”.
Dicha ley fue aprobada en 2011, luego de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner enviara al Congreso un proyecto para introducir restricciones a la venta de campos a extranjeros. Se estableció entonces el 15 por ciento como límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales, a partir de lo cual los extranjeros no podían adquirir más de mil hectáreas cada uno. El proyecto surgía en respuesta al avance de empresarios extranjeros como Joe Lewis (dueño de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, Río Negro, y amigo de Mauricio Macri) y Luciano Benetton (propietario de un millón de hectáreas en la Patagonia).
A principios de julio de este año, el gobierno de Mauricio Macri oficializó una modificación de esa ley, flexibilizando los requisitos con el argumento de alentar inversiones para reactivar economías regionales.
Según informó Política Argentina, en la Patagonia, diputados de Chubut presentaron a principios de mes una acción de amparo contra el Gobierno Nacional, con el fin de lograr un pronunciamiento judicial que deje sin efecto el Decreto Nacional 820/16. La iniciativa fue presentada por el diputado del FpV-PJ Blas Meza Evans y por el concejal de Lago Puelo del mismo espacio político, Alejandro Marques.
“El decreto es una verdadera tropelía a la Constitución, está reformando la Ley de Tierras que fue votada casi por unanimidad. Estamos pidiendo que se decrete la nulidad por inconstitucionalidad, del decreto y de los actos jurídicos que se puedan haberse celebrado en virtud de ese decreto”, expresó Meza Evans en diálogo con Política Argentina. Destacó que el puntapié inicial de la presentación judicial llegó desde el noroeste de la provincia, “lugar de gran concentración de tierras en manos de extranjeros, donde están los Benetton y se está superando el 50 por ciento de tierras en manos de extranjeros”.
En tanto, en Mendoza también fue llevado a la Justicia el decreto de Macri. El amparo fue presentado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) en el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo de la jueza Olga Pura de Arrabal. Diego Montón, representante de la Coordinación Nacional del Movimiento, señaló que entre los puntos que denuncian están que “el registro nacional de tierras deja de ser un instrumento de control”, que “a la hora de establecer cuáles son los pasos para que un capital extranjero registre a su nombre tierras, les permiten directamente que se inscriban y después empiezan a hacerse las consultas”, que posibilita que “el capital extranjero se camufle como empresa nacional”, entre otras cuestiones.
Montón destacó que una de las principales preocupaciones a partir del decreto del Ejecutivo que modifica la Ley de Tierras tiene que ver con los recursos acuíferos: “Una condición muy importante que tenía la Ley en cuanto a recursos hídricos, era que cuando quedaban incluidos en propiedades no podían ser adquiridos. Ahora se permite que incluyan estos recursos. Creemos que por ahí va uno de los objetivos de esta modificación: volver a abrir la puerta al capital extranjero a apropiarse de recursos de agua”.
Advirtió, además, que en Mendoza registraron en los últimos meses “un resurgimiento de los sectores más especulativos del sector inmobiliario” y un recrudecimiento de la presión “en varias causas judiciales contra comunidades campesinas de parte de los empresarios, como diciendo ‘vuelve a ser nuestra hora’, en la forma que tienen de retomar la ofensiva jurídica, de retomar la represión sobre la policía, retomar la presión sobre los fiscales”. Uno de los casos más graves que describe la demanda es el conflicto entre una comunidad campesina y el holding español Argenceres-ELAIA SA, en el cual las empresas intentan despojar de sus tierras a familias con posesiones ancestrales.
Por su parte, un abogado de La Plata se encargó de llevar el tema a la Justicia, “a título de ciudadano con interés legítimo”. La presentación la hizo ante el Juzgado Federal N° 2 el letrado Jerónimo Guerrero Iraola, que integra el equipo jurídico del CECIM La Plata. “Considero que el Poder Ejecutivo contravino la Constitución Nacional porque se excedió en la facultad reglamentaria que le regula el artículo 99 inciso 2º, que claramente prohíbe que las reglamentaciones contraríen el objeto y el sentido de la norma”, manifestó a Política Argentina. Y explicó que el decreto del macrismo constituye una “aberración jurídica” porque “si tenés un sistema protectorio que estipula determinados estándares y formas de intervención del Estado, y un decreto reglamentario viene a flexibilizar estos estándares protectorios, claramente se está contrariando el sentido de la norma”.
Guerrero Iraola apuntó, además, que no se trata sólo de una cuestión de quién tiene la titularidad de las tierras, sino que “en esta cuestión está en juego también el sistema de derechos humanos en lo que hace a la soberanía alimentaria y a la soberanía acuífera, y son derechos consagrados en el sistema internacional de derechos económicos, sociales y culturales".
Asimismo, el recurso de amparo para pedir la nulidad del decreto que modificó la Ley de Tierras va a ser próximamente presentado en Neuquén, Corrientes y Río Negro. En tanto, avanza en el Congreso un proyecto de ley en el mismo sentido.
Radio Malon
