Declaran funcionarios por Tierras de Cholila

POR EL CASO DE “LA HORQUETA” EN CHOLILA

Funcionarios dasnevistas declaran por supuesta venta ilegal de tierras

El presidente del Instituto de Colonización y Fomento Rural, Raúl Mac Burney declarará hoy en Esquel sobre la supuesta venta de tierras en forma ilegal del paradisíaco lugar denominado “La Horqueta” ubicada en la zona de Cholila.

Junto a Mac Burney viajó el secretario del I.A.C , Jorge Geli quien también deberá declarar ante la juez de Esquel  que lleva el caso, Carina Estefanía.

Recordemos que el  6 de setiembre la Fiscalía dispuso la formal apertura de la investigación en la causa que investiga por las presuntas irregularidades en la venta de tierras en la zona de la cordillera, en el marco de la causa iniciada por Aldo Gérez, representado por el abogado Marcelo Macayo. La audiencia de apertura se demoró ante el planteo del abogado Horacio Hernández, quien representa a uno de los imputados, el agrimensor Roberto Vila.

Cabe recordar que días pasados también presentó un pedido para que se devuelva el expediente secuestrado en el Registro Provincial de Catastro, en Rawson. Argumentó que mantenerlo secuestrado afecta los derechos de su representado pero la juez rechazó el  pedido. En la misma línea de acciones dilatorias, el letrado hizo un pedido de sobreseimiento por considerar que los plazos de la investigación están vencidos.

Los argumentos de Hernández

Argumentó que el secuestro del expediente que llevaba la firma de su defendido fue el primer acto de persecución penal contra éste. Dijo además que por las fechas en que ocurrieron los hechos que se están investigando, debe tomarse en cuenta la anterior redacción del Código Procesal Penal y las interpretaciones del Superior Tribunal respecto del modo en que debían contarse los plazos.

Cabe mencionar que el año pasado el Código Procesal Penal de Chubut fue sometido a la reforma de algunos de sus artículos. Uno de ellos es el que establece que los plazos procesales deben comenzar a contarse desde la audiencia de apertura de la investigación. Según el texto de la ley, en esta causa en particular los plazos aún no comenzaron a correr y esto es lo que sostuvo el fiscal Martín Zacchino, acompañado por el abogado de la víctima.

Sin embargo el letrado solicitó que se aplique el principio de la ley más benigna para el imputado, y esa en este caso es la redacción anterior de la norma procesal. A su criterio, el secuestro del expediente los días 5 y 6 de enero de 2011 es el hito que marca el comienzo de la investigación y desde entonces deben contarse los seis meses. El acto de mensura que figura en el expediente está fechado 4 de febrero de 2010, cuando aún se encontraba en vigencia la redacción anterior de la norma.

Habiendo transcurrido nueve meses desde aquella fecha, se habría superado el plazo habilitado por la ley y el imputado debería ser sobreseído. Los demás defensores adhirieron al pedido.

En tanto el abogado Fabián Gabalachis consideró que, si se tomara ese criterio, el plazo se vencería en los próximos días con lo que la Fiscalía debería presentar inmediatamente la acusación penal y de no hacerlo estará en breve en condiciones de realizar un planteo similar.

En tanto, los dos defensores públicos adhirieron, aunque señalaron que deben esperar a que estén presentes sus defendidos para poder manifestarse al respecto. “Se trata de funcionarios provinciales a quienes se logró notificar solo con 24 horas de anticipación y no pudieron viajar”, se informó desde prensa de la Fiscalía Pública Fiscal de Esquel.

Demoras

La Fiscalía había señalado tres puntos que hacen a la demora en dar a conocer aspectos de los hechos: la complejidad de la investigación; la necesidad de resguardar el buen nombre y honor de personas que pudieren estar involucradas; y el cuidado de no poner en el tapete detalles de la investigación que pudieran hacer frustrar la misma.

En lo que hace a las diligencias que se llevan adelante por el caso Aldo Gérez del área denominada La Horqueta en inmediaciones de la confluencia de los ríos Tigre y Alerce, hacia el límite con Chile, el fiscal admitió que “existe la investigación, y que hay funcionarios del IAC que están siendo investigados, que ya  fueron notificados y que hoy declararán”.

En tanto, Marcelo Macayo es el querellante que patrocina a la familia perjudicada en un negociado que al parecer estaba a punto de concretarse. La causa es conocida como “Río Tigre”, y comprende tierras de jurisdicción provincial que son administradas por el IAC, “mi cliente es Aldo Gérez, que tiene una ocupación que es continuación de lo que fuera propiedad de su abuelo Cecilio Gérez, uno de los primeros pobladores de Cholila, y de su padre Claro del Pilar Gérez”. Además de Aldo, esos campos son ocupados también por su hermano Tomás Gérez, y entre esas extensiones está el sector denominado Río Tigre, donde nace la cuenca del río Futaleufú, un sitio paradisíaco y muy preciado, al que se llega en seis horas a lomo de caballo hacia la Cordillera.

Defraudación

A priori la Fiscalía interpretaría que se está ante una defraudación contra el Estado provincial en grado de tentativa, porque no hay pruebas que acrediten que el negocio se haya cerrado, pero no se descarta que cuando se conozcan detalles de las investigaciones así lo demuestren, estando la hipótesis que el inversor extranjero tal vez entregó una seña para hacer el negocio, en cuyo marco se habrían llevado a cabo reuniones en Buenos Aires, con presencia de asesores del americano supuesto comprador, y gente de esta zona, escribano incluido. “Tuvimos la fortuna de enterarnos de casualidad de cómo se cocinaba el expediente mientras tramitábamos el de mi cliente. Ese negocio iba en una Ferrari y nosotros en carreta”.

DIARIO DE MADRYN