Justicia impide venta de tierras fiscales en manos de un grupo extranjero

Un Tribunal de Viedma dictó una medida cautelar de no innovar impidiendo al grupo belga Burco -propietario del barrio cerrado Arelauquen, en Bariloche- vender las 7 mil hectáreas de tierras fiscales que adquirió hace ocho años y de manera sospechosa en la zona de El Bolsón. La Provincia inició la causa judicial y espera recuperar las tierras.

(imagen ilustrativa)

Mediante la medida cautelar dispuesta por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería, se impedirá que durante la sustanciación del proceso judicial se transfieran las tierras a terceras personas.

Se trata de 7 mil hectáreas, en la región de El Bolsón, cedidas durante la anterior gestión provincial al grupo de origen belga “Burco” (Belgian Urban Renovation Company N.V.) y por las que la adinistración de Alberto Weretilneck pidió que se declare la nulidad de escrituración por tratarse de tierras adquiridas en forma irregular.

Las 7 mil hectáreas fueron "vendidas" por la Provincia, hace 8 años, a un valor promedio de 150 pesos la hectárea. Oportunamente, el ex legislador Luis Bardeggia presentó una denuncia, que tuvo curso en la Justicia de Instrucción penal, y derivó en un fallo a favor de los intereses de la Provincia.

La sociedad que integra Burco habría adquirido los lotes "en forma irregular con la utilización de intermediarios para eludir la prohibición de ventas en favor de empresas de capital extranjero", de acuerdo a la presentación de Bardeggia.

En el expediente quedó demostrado que las tierras fiscales fueron "adquiridas irregularmente por ese grupo, utilizando intermediarios y sociedades anónimas constituidas" para "eludir las regulaciones de la Ley de Tierras Fiscales (Q 279) que prohíbe la venta" a sociedades "con capital extranjero o controladas por estas, o que desarrollen como actividad habitual la compraventa de inmuebles, o posean otras unidades económicas productivas en el territorio provincial".

En este sentido, y en el marco de las acciones seguidas desde distintos estamentos del Estado tendientes a revisar la legalidad de las adjudicaciones de tierras fiscales rurales sospechadas de ilícitas, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería dictó ahora una medida cautelar de no innovar en relación a la tierras, actualmente a nombre de Estancia Río Foyel S.A.

La medida cautelar obtenida por la Fiscalía de Estado en el marco de la causa judicial seguida contra varias personas físicas y jurídicas encabezadas por el grupo inmobiliario belga "Burco", impedirá que durante la sustanciación del proceso judicial se transfieran las tierras a terceras personas, quedando disponibles para el Estado Provincial en caso de que prospere la demanda incoada.

El Gobierno provincial recordó que "la acción judicial iniciada contra el grupo Burco es la segunda que la Provincia realiza en este tipo, ya que anteriormente la Fiscalía de Estado había promovido una demanda similar contra Mauricio Montes a fin de recuperar algo más de 20 mi hectáreas en la Meseta del Somuncura". (ANB)