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Comunicado Público

Comunidad Mapuche Tehuelche Vuelta del Rio

“Siempre estuvimos, estamos y estaremos”

Después de una historia de lucha por la defensa de nuestro territorio comunitario nuestros antepasados nos han heredado un camino que no hemos abandonado hasta el día de hoy. Al igual que otras Comunidades, la “Comunidad Mapuche Tehuelche Vuelta de Rio” viene haciendo frente desde hace mucho tiempo a diversos conflictos territoriales.

La Comunidad Mapuche “VUELTA DEL RIO”, ubicada en la región Noroeste de la Provincia del Chubut, precisamente en la zona de Precordillera, está asentada en tierras Reservadas por el Gobierno Nacional en el año 1899 para los Pueblos Originarios MAPUCHE-TEHUELCHE sobrevivientes al Genocidio que significó la mal llamada “Conquista del desierto”. Esta Reserva, la mayor en extensión y en población de la Provincia, fue creada por un decreto del entonces Presidente Julio A. ROCA, después de penosas y constantes gestiones realizadas entonces por el LONGKO (Autoridad Originaria) Miguel Ñancuche NAHUELQUIR.

El asentamiento de familias que ocuparon dichas tierras reservadas, se vio incrementado a través de los años con otras familias y comunidades Mapuche-Tehuelches provenientes de diferentes puntos de la Patagonia, que durante muchas décadas sufrieron crueles persecuciones y desalojos por parte de terratenientes, fuerzas de seguridad y comerciantes extranjeros que fueron llegando.

Dentro de la Reserva, la suerte no fue mucho mejor, ya que a través del tiempo fueron introduciéndose numerosos “bolicheros” y “mercachifles”, casi siempre sirio-libaneses, que a través de la venta de bebidas alcohólicas y otros “vicios” fueron apoderándose de bienes y tierras de los aborígenes. En muchos casos, con la colaboración o la omisión de funcionarios cómplices, muchos de ellos fueron obteniendo títulos de propiedad ilegítimos sobre las tierras reservadas para los aborígenes. Estas maniobras se vieron en muchos casos, acompañadas de expulsiones de familias enteras, y hasta la quema de viviendas, con el eficaz auxilio de policía y Juez de Paz.

Este proceso se vio agravado por la creación del Estado Provincial del Chubut, en el año 1957, que con su Instituto Autárquico de Colonización, aceleró este proceso de otorgamiento de títulos de propiedad a particulares no indígenas sobre las tierras Reservadas oportunamente por el Gobierno Nacional, en muchos casos con familias y Comunidades enteras adentro. De allí surge un dicho muy corriente en nuestra región: “Compró el campo con los indios y todo”.

Este fue el caso de la Comunidad “VUELTA DEL RIO”, donde un comerciante sirio-libanés, el señor ABRAHAM BREIDE, después de rematar los bienes de una anciana Mapuche, por presuntas deudas, y de quemar su vivienda, expulsándola fuera de la Reserva, se instala en tierras comunitarias y comienza cercar una enorme superficie, ante la permanente oposición y reclamo que la Comunidad efectuó ante las diferentes autoridades, sin obtener nunca una respuesta.

En el año 1963, durante un Gobierno militar, en el cual se otorgaron numerosos títulos de Propiedad en similares condiciones, el Sr. BREIDE obtuvo títulos de propiedad sobre varios lotes de la Reserva CUSHAMEN, ancestralmente ocupados por las Comunidades de VUELTA DEL RIO y RANQUIL-HUAO, dos comunidades vecinas que se encuentran separadas solamente por un cerro alto. Posteriormente el Sr. Breide, en 1973, transfiere sus títulos de propiedad al Sr. HAIKEL EL KHAZEN, otro comerciante sirio-libanés asentado en la región, que ya poseía algunos lotes de la Reserva.

En el año 1994, los sucesores de Haikel El Khazen entablan una demanda de desalojo judicial contra algunas familias de la Comunidad VUELTA DEL RIO, la que felizmente fue resuelta en Primera y Segunda Instancia a favor de la Comunidad, que también obtuvo el reconocimiento de su Personería Jurídica por parte del Gobierno Provincial y Nacional.

El juicio de desalojo terminó a mediados de 1996, y la Comunidad continuó luchando por la regularización de su situación, tanto ante el Gobierno Nacional (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) como ante el Gobierno Provincial (Gobernador Carlos Maestro, Ministro de Gobierno, Josè Luis Lizurume, Ministros de Acción Social, Dr. Carlos Lorenzo, y diferentes autoridades del área de Tierras). Pero hasta ahora, nunca se pudo obtener nada, salvo algunas que otras promesas incumplidas.

Cabe señalar que esta situación tomó gran trascendencia en toda la Provincia, y es de pleno conocimiento tanto de las Autoridades, como de la población. Además, no es la única Comunidad Aborigen que sufre esta situación.

La Comunidad VUELTA DEL RIO, está formada por más de 25 familias, que sobreviven en apenas 15 lotes de tierra de 625 has. C/lote, lo que significa que ni siquiera alcanza a un lote por familia, todas ellas en viviendas muy precarias; no cuenta con luz eléctrica, escuela, ni posibilidades de desarrollo. Apenas cuenta con un pequeño Puesto Sanitario, donde un enfermero de campo atiende los problemas más urgentes de los pobladores. Las actividades de la comunidad consisten en pastoreo y agricultura de subsistencia, artesanías tradicionales en telar y soga, herboristería y medicina tradicional

Por un lado, hemos afrontando los intentos de despojo por parte de terratenientes y comerciantes que, aprovechándose del desconocimiento de nuestros abuelos y apañados por el estado, se valieron de engaños y violencia para expropiar nuestro territorio. Por otro, se han cometido distintas irregularidades mediante las cuales se otorgaron títulos de propiedad sobre nuestro territorio de manera ilegal e ilegítima, en complicidad con las autoridades políticas y judiciales de turno. Sin embargo, a nosotros siempre se nos negó el derecho al territorio.

Aquello fue motivo para que tiempo más tarde la Comunidad se vea obligada a afrontar diferentes litigios legales, persecuciones judiciales y atropellos de la fuerza pública contra las familias que, de manera ancestral y colectiva, vienen conviviendo en el territorio comunitario. Uno de los casos fue en el año 1991 cuando los comerciantes Breide y El Kasen, mediante denuncias penales ante la Justicia de Esquel (tratos comerciales desiguales e injustos), intentaron desalojar a integrantes de la familia Huenchunao-Huilinao. La Justicia de Esquel (Dr. Jorge Eyo) archivó la causa por considerar que no había delito de usurpación. Años más tarde, en el año 2000, la familia Fermín sería demandada judicialmente por usurpación por parte del comerciante El Khazen, producto de esa demanda en el año 2003 el Juez Oscar Colabelli dictaría una orden de desalojo contra la familia. Acción que fue llevada adelante por autoridades policiales y el mismo El Khazen en nuestro territorio. Más allá del amplio operativo policial desplegado, los hechos de violencia cometidos y los atropellos sufridos, la Comunidad logró frustrar ambos intentos de desalojo. Desde el año 1999 la Comunidad viene enfrentando un juicio Reivindicatorio ante la Justicia Civil, impulsado por los herederos de José Vicente El Khazen, que actualmente está suspendido en su trámite por la vigencia de la Ley Nacional de Emergencia Indígena Nº 26.160

Nos preguntamos quién genera estos conflictos? Es el estado acaso, terratenientes, funcionarios? Nosotros como comunidad afirmamos que nunca hemos tenido conflictos en el territorio ya que desde siempre estamos en este Territorio, siempre hemos existido ahí. Sin embargo, ni el estado, ni sus funcionarios, ni los comerciantes y terratenientes que arribaron a la región han respetado nuestros Derechos Ancestrales.

Cuando nuestros abuelos buscaban su propia subsistencia los endeudaron, los explotaron en las estancias aledañas, los obligaron a separarse de sus hijos para enviarlos a la escuela con internados, les fueron arrebatadas sus identidades y como consecuencia las tierras con sus familias adentro. Estos hechos han traído como consecuencia el desarraigo, desplazamientos forzosos y tener que sobrevivir constantemente en medio de la pobreza. Ante esto debieron emigrar algunos a pueblos y/o ciudades cercanas en busca de trabajos mal pagos, donde igualmente fueron discriminados y explotados.

Recientemente nuestra Comunidad, producto de su lucha y resistencia, trabajó para lograr el reconocimiento de su territorio en el marco de la Ley Nacional N° 26.160 (de Emergencia Territorial). En ese contexto, se elaboró un trabajo colectivo (Relevamiento Territorial) donde se registró la historia de la comunidad, se ejecutó un relevamiento territorial y se elaboró una carpeta técnica, aun cuando somos conscientes de que nuestro territorio fue reducido, usurpado, alambrado y sigue amenazado por conflictos judiciales. La Carpeta Técnica del Relevamiento está agregada como prueba al juicio Reivindicatorio en el Juzgado Civil de Esquel. En consecuencia, la comunidad todavía no tiene garantizados sus derechos territoriales porque esta ley sólo vino a reconocer las tierras que “actualmente las familias ocupan” cuando, en verdad, el territorio que nos corresponde por historia es más extenso y está en posesión de latifundistas privados.

Al día de hoy la Comunidad Vuelta del Río viene trabajando con distintos proyectos en pos de mejorar la calidad de vida de todas las familias como, así también, en la mejora de la genética del poco ganado que cada uno tiene porque es la única posibilidad de subsistencia. Cabe destacar que si bien nuestra comunidad está reconocida a nivel provincial y nacional no ha sido fácil acceder a los proyectos, ya que, en todos los procesos de tramitación el conflicto territorial que mantenemos, desde hace muchos años, ha afectado la posibilidad de recibir financiamientos, cumplimentar trámites y otras exigencias burocráticas.

Actualmente, la Comunidad retomó su trabajo sobre un proyecto educativo que lleva décadas. Este proyecto también se ve afectado porque no se nos reconoce una educación acorde a las necesidades y derechos reconocidos en el Convenio 169 y otros marcos legislativos. En el proyecto venimos trabajando con un perfil de docente que la misma Comunidad ha elegido y con un enfoque que pone en valor nuestros conocimientos ancestrales. Sin embargo, distintos funcionarios ponen en duda los fundamentos del proyecto y la posesión territorial de la Comunidad donde el edificio educativo está en construcción. Pese a que este proyecto está avanzado en un 70% aproximadamente, y a nuestras reiteradas solicitudes para concretarlo, no contamos con el aval de las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia y de la Supervisión Zonal Región I para efectuar una inspección ocular a la construcción edilicia, paso que nos llevaría al reconocimiento y habilitación de la escuela. La Comunidad tiene una fuerte expectativa de que este Proyecto Educativo se concrete, para poder ejercer en debida forma su Derecho a la Educación, lo que contribuirá ciertamente al desarrollo humano de todas las familias.

“Siempre estuvimos, estamos y estaremos”