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Presuntas estafas a abuelos del Hogar de Ancianos: El 30 se conocerá la sentencia
El juicio es el más extenso que se recuerda en la jurisdicción. Durante tres semanas se produjo la prueba en el debate. Ya en la cuarta semana se escucharon los alegatos de las partes a lo largo de siete horas. Dos formas de valorar e interpretar la prueba se postularon ante el juez. El fiscal sostiene que la ex directora del Hogar, habría aprovechado la confianza de los ancianos para disponer discrecionalmente del dinero de estos. La defensa planteó que la denuncia y la prueba que llegó a la Fiscalía (y la que no llegó) respondió a una intencionalidad, probablemente política. Mientras el fiscal pidió condena, la defensora postuló la absolución.
El juez Ricardo Rolón cuenta con cinco días hábiles para ponderar las postulaciones de las partes, valorar, cotejar la prueba, y tomar una decisión fundada respecto de si los hechos acusados existieron, si constituyeron delito, si la imputada tiene responsabilidad penal por ellos, si es apropiado el tipo penal propuesto por la fiscalía, y en caso de declarar la responsabilidad, cuál es la pena justa.
El fiscal Fidel González acompañado por el funcionario Ezequiel Forti, detallo los movimientos de dinero de las cuentas de los adultos mayores alojados en el Hogar Presidente Perón en el período en que Amelia Macayo ejerció la Dirección de la institución. Para ofrecer cifras de referencia que permitieran entender el valor real de esos montos para la fecha en que fueron extraídos de las cuentas bancarias, se refirieron a los salarios que percibía el personal del Hogar, demostrando que en un mes, uno de los ancianos tubo extracciones de su cuenta por un monto superior al sueldo de la directora. Expusieron también sobre el estado de salud física y mental de los abuelos, dando cuenta de la imposibilidad de los mismos de administrar su dinero.
Alegaron los acusadores que el dinero extraído era depositado en una caja metálica en la dirección y los internos se quedaban con cifras bajas. Analizaron los testimonios vertidos en el debate y la verosimilitud de cada uno de ellos. También se refirieron a los gastos constatados y plantearon que el dinero extraído de las cuentas solo habría sido empleado parcialmente en los gastos personales de los internos. Hay dinero no justificado cuya disposición se atribuye a la imputada.
Sobre este punto indicó González que se le atribuye la disposición, mediante un abuso de confianza. Para el tipo penal de la estafa no es necesario que haya habido provecho efectivo para la imputada. "Importa el perjuicio, no el lucro indebido". Indicó además que en este caso es fundamental la vulnerabilidad de los afectados, la extensión en el tiempo de los hechos, el daño económico y las condiciones personales de la imputada: instrucción, edad, etc. Con estas consideraciones solicitó la aplicación de una pena de cuatro años de prisión más inhabilitación para ejercer cargos públicos por ocho años.
El caso de la defensa
Graciela Conesa cuestionó cada uno de los puntos de la acusación. En su criterio no se probó el hecho, no se probó la autoría y no hay sujeto pasivo de una estafa en este proceso porque los presuntos damnificados no tenían capacidad para serlo. Apuntó además que Macayo no se benefició, ni tampoco un tercero, indicó que no hubo perjuicio patrimonial sino que hubo un "beneficio en la calidad de vida de esta gente".
La letrada describió como era la vida de los internos durante el tiempo en que Amelia estuvo al frente del Hogar. Indicó que recibían una asistencia integral, se cuidaba que estuvieran siempre aseados y bien vestidos, muy bien alimentados, hacían encuentros con otras personas de la tercera edad y turismo en la zona cordillerana. Todos estos gastos eran solventados por los propios abuelos. También indicó que había medicamentos que no eran cubiertos por Pami y debían afrontar sus costos integralmente.
"Tener el dinero en el banco tiene como beneficio que al fallecer recupera ese dinero el Estado… Ellos tienen que vivir los últimos años de su vida de la mejor manera que puedan y eso debe garantizarles la institución…", apuntó la letrada. "En la gestión posterior crecieron las cuentas bancarias en proporción a como disminuyó la calidad de vida de los ancianos", añadió.
Conesa sostuvo que los registros de movimientos de esos dineros desaparecieron misteriosamente del Hogar con posterioridad a la salida de Macayo de la Dirección. También sostuvo que existieron gastos entre 2007 y 2009 en la refacción de viviendas de los ancianos y que es evidente que con posterioridad se adquirieron los elementos para amoblarlas. Todos estos gastos deberían ser deducidos de los montos que se sostiene que faltan.
Un apartado en su alegato dedicó Conesa a analizar la conducta de Zulma Amed, condenada en un juicio abreviado por hechos similares cometidos contra las personas alojadas en las casas tuteladas. La abogada indicó que no es cierto que los hechos que se imputan a su defendida fueran cometidos cuando Amed no estaba supliendo a Macayo en la dirección del hogar. Se refirió a un caso concreto en el que se realizaron varias extracciones en un día, por un monto de seis mil pesos, misma fecha en que Amed realizó extracciones de su propia cuenta y estando al frente de la dirección del Hogar. También refirió que la caja en la que se guardaban los valores y tarjetas estaba al alcance de todos y cualquier empleado podría haber accedido a su contenido sin que la Directora se entere.
Habló de vaciamiento de documentación, posiblemente gestado en intencionalidades políticas. En este sentido indicó que quedó probado que se tiraron bolsas, probablemente conteniendo esta información, por las personas que tomaron la continuidad de la conducción del Hogar.
Finalmente pidió la absolución de la imputada.
El jueves 30 a las 8 hs. se conocerá la sentencia del juez Ricardo Rolón.
Radio Malon
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