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Eduardo Barcesat: Libres del temor y la miseria.
De la Constitución, los Derechos y la Política
Autores: Raúl Prytula, Alejandro Romero, Bruno15 de marzo de 2026
Introducción.
El 2 de marzo de 2026, el Dr. Eduardo Barcesat, fue entrevistado por la periodista Raquel Márquez a lo largo del programa Somos Grandes, en Radio Kaput, en Buenos Aires. Los autores hemos resumido el contenido.Esperamos haber facilitado el camino de la discusión y conocimiento para los ciudadanos y de la militancia, de aspectos decisivos de la Constitución Nacional Argentina.
El resultado es muy relevante para las luchas sociales y políticas argentinas actuales, pero más aún para ilustrar y conformar la conciencia ciudadana. Ser ciudadano/a, como ser parte del pueblo argentino, es ser mucho más que un individuo cualquiera.
Se trata de ser parte de una comunidad organizada. Para la ciudadanía, bajo la forma de Nación, en el seno un Estado de Derecho del que cada uno/a, en tanto ciudadano/a, se comporta como Protagonista, sujeto co-protagónico y no “súbdito”, ni objeto pasivo de las políticas estatales y económicas dominantes. Así sea a través de sus representantes, que portan, por eso, un doble mandato: el de sus representados y el de la Constitución Nacional y las leyes que responden fehacientemente al mandato de los Pactos. Las que no, deberán modificarse porque no responden al nuevo ordenamiento, ya establecido.
En el Estado de Derecho, cada habitante es, si rige el Estado de Derecho, sujeto -y no así objeto- de los derechos consagrados en el texto de la Constitución Nacional. Por eso, conocer bien el contenido, que debe ser estructurante de la vida pública, de la vida social, esto es esencial para la ciudadanía. Porque indica a cada uno/a qué puede y debe exigir de sus leyes, sus gobernantes, y de sus compatriotas.
La Constitución Nacional nos manda el “deber ser” de la vida nacional. Incluso en el ámbito económico, porque determina cuáles son los grandes fines, los objetivos irrenunciables de cualquier gobierno Argentino).
Es en este sentido que el doctor Barcesat en Radio Kaput resulta emblemática. Por eso, a continuación, se intentará destacar algunos pasajes de la misma, que quienes firman esta nota entienden como los más relevantes. Lo que no libera a les lectore/as del posible placer de escuchar la entrevista en su totalidad. (Que adjuntamos)
Obedecer la Constitución es garantizar los DESC+A
El más general de los conceptos que vierte allí Barcesat tiene que ver con la naturaleza misma de la Constitución. En términos de jerarquía normativa, dice, la Constitución Nacional, su texto “originario”, con el conjunto de todos los tratados internacionales de Derechos Humanos que la componen desde 1994, forman la parte más extensa de su texto doctrinario, y es el vértice del sistema normativo argentino, y por lo tanto, la que marca qué normas deben respetarse siempre, en todos lados y bajo cualquier circunstancia. Cualquier norma, cualquier ley, cualquier política que se quiera constitucionalmente legítima y válida, debe respetarla.
El deber de obediencia a la Constitución Nacional pesa sobre cualquier gobierno y se torna ilegítimo cualquier gobierno -o acción de gobierno- que trasgredan las potestades constitucionales. Es decir, no sólo los gobiernos “de facto son anticonstitucionales”. Un gobierno electo democráticamente, en elecciones limpias, y aun si cuenta todavía con un apoyo importante de la opinión pública, puede resultar anticonstitucional. El deber de obediencia a la Constitución, los tratados de DDHH que la componen, y sus mandatos es absoluto. Y su violación constituye delito, siempre.
Legalizar la servidumbre.
Barcesat, consultado sobre la “Modernización Laboral” aprobada, sostuvo que dicha reforma no sólo no es una modernización, sino que es un violento retroceso que reinstala en los vínculos laborales del pueblo y la sociedad argentinos estructuras de servidumbre de carácter feudal, porque les trabajadores pierden toda su libertad efectiva en manos del patrón. Se convierten en meros instrumentos vivientes de las necesidades y los criterios patronales, sin posibilidad efectiva de resguardar sus tiempos, necesidades y fines propios en el seno del vínculo laboral. Recordemos que Aristóteles, en su tratado Política, define como “instrumento viviente” al esclavo.
La Constitución Nacional deja bien claro, sin embargo que no sólo debe haber igualdad ante la ley para todos les ciudadanes, sino, en sus tratados de DDHH, que sólo es real y efectivamente libre quien se encuentra exento y libre, “del temor y la miseria”, y que las modificaciones que se incorporen o legislen en cuanto a los derechos adquiridos, sólo serán legítimas si amplían derechos, no si los conculcan o los restringen o revierten. Y esto último es exactamente lo que ocurre con la “Modernización Laboral”.
Así como, cabe agregar, con la enajenación ilimitada en manos privadas y extranjeras, de la tierra, el agua, los glaciares, los puertos, los ríos, el mar, y el resto de los recursos naturales (RRNN) argentinos, que, como también manda la Constitución Nacional son propiedad irrenunciable del conjunto del pueblo argentino.
Pueblo que debe ser consultado y debe decidir sobre su destino en un Plebiscito Informado y Vinculante, también en la C.N.
Barcesat señala que el traspaso de la Justicia Laboral Nacional a C.A.B.A. es un intento de desarmar la relativa independencia de ésta, buscando un control judicial “adicto” a los intereses corporativos
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), vendría a representar un auténtico robo, un “afano” (sic) de 2.500 millones u$s/año que dejarían de formar parte de sistema previsional argentino, regido hasta hoy, por un principio solidario y transgeneracional, los que quedarían puestos a disposición del sistema privado, en una suerte de reedición encubierta del desastroso experimento que fueron las AFJP. Los Pactos no admiten esto.
Abuso de poder y violación de los deberes de funcionario público
Barcesat advierte que desde 2016 los RRNN de la Patria (agua, tierras raras, minerales, etc.) fueron puestos como garantía del pago de la deuda externa, otorgando inmunidad soberana a sus acreedores, en un verdadero ejercicio de entrega colonial que viola el conjunto de la normativa y el mandato, constitucional.
Frente a este conjunto bochornoso de hechos y medidas anticonstitucionales, Barcesat hace una propuesta radical: que les ciudadanes o las organizaciones de la sociedad civil -eso que Perón llamaba Organizaciones Libres del Pueblo- realicen sistemáticamente denuncias penales por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” contra los funcionarios y los legisladores que aprobaron o ponen en ejecución estas leyes, violando reglamentos internos, tratados Pactos Internacionales, y el cuerpo constitucional mismo. En relación con esto, el constitucionalista critica la doctrina actual de la Corte Suprema, que exige que haya un “interés personal” para dar cabida a un amparo, cuando en realidad se trata de proteger necesidades humanas básicas, que tiene cualquier habitante de la Nación Argentina, y que están consagradas como derechos por la Constitución.
Normas ilegales, leyes ilegítimas
Al control de legalidad de cualquier ley, que tiene que ver con la pureza o corrección del procedimiento, debe siempre agregársele el control de razonabilidad, por su contenido. Barcesat señala, poniendo ejemplos, que el DNU 70/23 de comienzos del gobierno libertario, ni siquiera supera el control de legalidad -recuérdese el cúmulo de vicios de procedimiento que le dieron origen-. Pero la ley de Reforma Laboral, si bien es legal, no es razonable y no es legítima, porque contradice y viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que forma parte integrante de la Constitución, que ha sido suscripto por Argentina y que Prohíbe Retroceder en Derechos ya Adquiridos.
Resistencia a la opresión por parte del Pueblo
Frente a este conjunto de hechos y de violaciones, Barcesat recuerda que el Artículo 36 de la Constitución reconoce explícitamente el Derecho del Pueblo a resistir los actos de violencia institucional. Fundamenta esto la legitimidad de las protestas callejeras y torna anticonstitucionales los protocolos represivos (Ministra Patricia Bullrich) y las limitaciones al Derecho de Huelga contenidas en la actual Modernización Laboral.
Este protagonismo central del pueblo y de los Ciudadanos como “Sujetos de Derecho” constituye el núcleo de la cuestión, porque no sólo el pueblo es el fundamento del orden republicano y democrático, el lugar donde debe residir el poder de decisión, sino que, según los pactos de DDHH vigentes a nivel internacional y que forman parte de la C. Nac, el pueblo es el verdadero propietario de los RRNN y del territorio nacionales. Con lo cual, tiene el derecho de exigir que no se le prive del uso y el beneficio de esos recursos, por ej, del agua potable, o de sus tierras, en beneficio de la explotación privada y de una “extranjerización creciente”.
Seres humanos libres del temor y la miseria
Para concluir su entrevista, Eduardo Barcesat vuelve sobre un tema central, que debe constituir el fundamento de la conciencia social y política del pueblo argentino: la afirmación de un ideal humanista contenida en los pactos y tratados de DDHH, que determinan que su objetivo principal es lograr un orden de cosas que genere seres humanos “libres del temor y la miseria”. De allí que Barcesat defina al gobierno actual como “liberticida”, dado que la verdadera libertad sólo es posible por fuera del estado de necesidad y del temor constante a caer en él.
Radio Malon
