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Nueva marcha contra la megaminería
Este miércoles a las 19 se realiza una nueva convocatoria contra la megaminería en Bariloche, Viedma, Roca y El Bolsón. Las marchas contra el uso de cianuro en la minería comenzaron a incorporar el repudio a la Ley Antiterrorista aprobada por el Congreso de la Nación por incorporar excepciones que permiten reprimir "legalmente" la protesta social. En la foto de Coqui Mackey, una de las últimas manifestaciones contra la megaminería en Bariloche.
Una nueva marcha contra la megaminería se realizará este miércoles a las 19 en las localidades de Bariloche, Viedma, Roca y El Bolsón para rechazar la explotación minera con el uso de cianuro y la brutal represión que se ejerce en las provincias de Catamarca y Tucumán contra los vecinos que se oponen a la continuidad de la actividad.
Con la implementación de la Ley Antiterrorista nacional para avanzar legalmente contra los vecinos, las marchas comenzaron a incorporar el rechazo a esa legislación para "poner un freno a la creación de poderosas herramientas de control y censura".
Según circula en las redes sociales, se trata de un "reclamo urgente de vecinos y organizaciones que presenciamos alarmados los hechos de represión estatal desatados sobre la población en el noroeste de nuestro territorio".
Tres de los seis cortes en contra de la minería a cielo abierto han sido desalojados violentamente. Amaicha del Valle (Tucumán), Tinogasta y Belén (Catamarca) y la represión continúa. "En solidaridad con aquellos que están siendo reprimidos por estar en la calle, en la calle tenemos que estar", convocan.
El comunicado de vecinos hace referencia a los hechos represivos que ocurren en la localidad catamerqueña de Andalgalá donde este lunes se informó que se están realizando allanamientos a casas de vecinos.
En cada oportunidad, la policía se haría presente con orden judicial para revisar las casas "en busca de armas" y creen que en cualquier momento allanarán la radio El Algarrobo, un medio de comunicación que difunde la postura de los vecinos contra la megaminería.Las movilizaciones contra el desarrollo de la minería a cielo abierto con cianuro comenzaron a sumar el repudio a las modificaciones realizadas por el Congreso Nacional a la Ley Antiterrorista Argentina, que según organizaciones sociales y de derechos humanos incorpora excepciones para que la Justicia reprima la protesta social.
La Ley Antiterrorista
Hace un mes y medio atrás el sitio Indymedia Argentina informaba que la modificación fue realizada el jueves 22 de diciembre de 2011 pasada la medianoche, cuando el Senado Nacional sancionó un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el 14 de octubre de ese año, y que rápìdamente había obtenido media sanción de Diputados, el 15 de diciembre.
El día de la asunción de su segundo mandato, Cristina Fernández de Kirchner, pidió en su discurso que el proyecto se incluyera en sesiones extraordinarias y por Decreto 2021/2011 llamó a Sesiones Extraordinarias, incluyendo la Ley Antiterrorista en el temario.
El Congreso avanzó con la aprobación a pesar de las manifestaciones de repudio por parte de organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, gremiales, territoriales y ambientalistas.
Se trata de la cuarta modificación que se sanciona con el actual gobierno, que es fuertemente cuestionada por criminalizar como "terrorismo" todo acto que se considere que es cometido con el fin de "aterrorizar a la población" u obligue a gobiernos nacional o extranjeros "a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
Específicamente, se promueve la incorporación al Código Penal del art. 41 estableciendo que "cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala".
Además, la ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de "financiación del terrorismo", que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente con cualquier organización o persona que haya cometido delitos a los que se califique de terroristas.
Para la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP) en diálogo con ese medio periodístico “no quedan dudas que esta ley será utilizada para limitar, restringir y penalizar a los integrantes de organizaciones obreras y populares y a los luchadores en general (...) Se trata de una legislación que desarrolla y legitima el poder de represión contra los que reclaman activamente”.
Enrique Carlos
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