Destrozos en la casa de un militante de la cordillera

Organizaciones de Derechos Humanos reclamaron al gobierno provincial por lo que consideran una ofensiva contra dirigentes y militantes sociales que denunciaron brutalidad policial en el noroeste chubutense y en las localidades limítrofes de Río Negro. En ese contexto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció el ataque a la vivienda del militante Julio Saquero, en la localidad de El Hoyo.

Fuentes de esa organización vincularon la agresión con las denuncias que realizó sobre maltratos a jóvenes de la Comarca Andina y la muerte del joven de Epuyén, Guillermo Garrido, en una comisaría de la ciudad rionegrina de El Bolsón.

Según se denunció, el ataque se produjo en coincidencia con la realización de las Primeras Jornadas de Derechos Humanos que tuvieron lugar en Lago Puelo y a las que asistieron los dirigentes nacionales de la APDH, Carlos Bonavena e Inés Izaguirre.

UNA SEÑAL

A través de un comunicado, la delegación de esa entidad defensora de derechos humanos repudió “la intromisión violenta, los destrozos y la vejación ocasionada por desconocidos en objetos personales y en el domicilio privado de nuestro compañero y dirigente del noroeste del Chubut, el profesor Julio Saquero, ocasión en que se encontraban hospedados en dicha vivienda la co-vicepresidenta y miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional de nuestro organismo, Inés Izaguirre, y Pablo Bonavena, ambos catedráticos de universidades nacionales”, señala un comunicado difundido ayer.

En ese contexto reclamaron a las autoridades provinciales el “inmediato esclarecimiento del este delito” al que consideraron como “una señal mafiosa” dirigida a Saquero, quien -explicaron- denunció la brutalidad policial contra jóvenes de las localidades del noroeste chubutense, como así también “las ejecuciones de Bariloche llevadas a cabo por policías de Río Negro y el denominado “caso Garrido” en El Bolsón.

SOLIDARIDAD

El comunicado de la Apdh de El Bolsón indica que “estos hechos constituyen una clara señal de intimidación y una señal mafiosa dirigida hacia los profesores invitados y al dueño de casa, que se suma a las recientes amenazas de muerte a nuestro compañero de la APDH Bariloche, Rubén Marigo, quien lleva adelante la causa de los jóvenes ejecutados por la policía rionegrina”. El comunicado en cuestión lleva las firmas de Martha Pelloni, Miguel Monserrat y el obispo Aldo Etchegoyen.

En este marco la Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut exigió ayer, mediante comunicado, “el esclarecimiento a las instituciones públicas estatales encargadas de la seguridad de la población sobre la violación de domicilio del profesor”.

Al respecto, expresaron que “como trabajadores de la Educación enseñamos y queremos vivir en la plena vigencia de los Derechos Humanos incorporados en nuestra Constitución Nacional desde 1994. Por eso la exigencia al poder político que actúe con la celeridad necesaria para que la inseguridad no llegue a formar parte en nuestra actividad cotidiana como docentes defensores de la democracia. Nunca más otro caso Garrido. Nunca más otro caso Fuentealba”.

Lo vimos en El Patagónico