Olla popular por cesantías en organismo nacional

La Secretaría de Agricultura Familiar tiene a 32 empleados precarizados en toda la provincia. Son el total de la planta cuyos contratos cayeron el 31 de marzo.

Trabajadores de Agricultura Familiar reclamaron en la sede de calle San Martín. Fotos: Chino Leiva

Con una olla popular en la vereda y la permanencia pacífica en la sede de la delegación, los empleados de la Secretaría de Agricultura Familiar cumplieron este lunes un paro nacional en el organismo por la crítica situación que viven ya que la totalidad de los empleados son contratados cuyos acuerdos caducaron el 31 de marzo.

La situación compleja de los trabajadores del organismo fue denunciada el mes pasado por el gremio ATE y se profundizó cuando además de cesar los contratos el 31 de marzo pasado, se notificó a otros cuatro agentes de su despido, en el marco de unos 240 en todo el país.

"Hay un vaciamiento de presupuesto, de tareas, de líneas de trabajo y creemos que la intención final es la desaparición del organismo", dijo a "DeBariloche" una de las trabajadoras de Agricultura Familiar.

En Río Negro el organismo cuenta con 32 trabajadores y su sede principal está en Bariloche pero también hay agentes que prestan servicios en El Bolsón, Cipolletti, Roca, Viedma, Maquinchao, Valcheta, y Jacobacci.

De la totalidad de los empleados unos 27 están bajo la ley marco de empleo público en la "planta transitoria con contratos anuales", explicó una de las trabajadoras quien señaló que a todos se les informó en diciembre que el contrato solo se prorrogaba hasta el 31 de marzo. Pero tras esa fecha no recibieron ninguna notificación al respecto.

Además hay 4 empleados que fueron informados de su cesantía en esta ciudad, según denunciaron los trabajadores, estos casos estaban en una situación contractual más precaria aún: "solo facturaban sin ningún tipo de contrato", señalaron.

En la sede de Bariloche los trabajadores denunciaron que el organismo adeuda tres meses de alquiler del edificio de la calle San Martín donde funciona, además no se recibieron fondos para cancelar el pago de servicios como luz y gas cuyo gasto afrontaron los empleados.

En febrero, el gobierno nacional designó una nueva delegada en este organismo que hasta el momento no transmitió a los trabajadores cómo continúa su situación laboral.

RÍO NEGRO